Preferentes a medias

Las explicaciones del ministro de Economía en la Comisión de Economía del Congreso a propósito de la reforma financiera que se aplicará en España a cambio de los 39.000 millones de euros aportados por Europa dejan sin contestar varias preguntas importantes del proceso. Luis de Guindos dedicó casi toda su comparecencia a explicarse sobre las noticias tranquilizadoras, como que los tenedores de preferentes y subordinadas recuperarán el 60% de las inversiones (es la media que arroja la metodología de la Comisión Europea en el reparto entre entidades y particulares de las cargas de la reestructuración financiera) o que se pondrá en marcha un proceso de arbitraje selectivo para los clientes de Bankia, similar al que ha funcionado en los casos de NovaCaixaGalicia y Catalunya Banc. Pero dejó en el aire varios interrogantes que merece la pena recordar.

El esfuerzo principal en el complicado caso de las preferentes habrá que hacerlo en decidir cuándo se suscribieron con conocimiento pleno de la calidad del producto y cuándo, por el contrario, hubo “mala comercialización entre clientes minoristas de productos financieros complejos”, un circunloquio para describir mala praxis financiera o puro y simple engaño. Guindos encomendará esta tarea a un sistema de arbitraje, en cada comunidad autonóma, para ahorrar, según declaración propia, costes judiciales. Pero conviene aclarar que el arbitraje puede que no liquide definitivamente la cuestión, porque el cliente que se declara desinformado por la entidad financiera tampoco esté de acuerdo con el dictamen arbitral. En ese caso, las ventajas del arbitraje (ahorro, simplicidad y rapidez del procedimiento) pierden atractivo; y desaparecen si se tiene en cuenta que habrá una criba previa, ejecutada por entidades privadas (probablemente auditoras) que multiplicará la judicialización entre quienes no superen el proceso de selección.

Por cierto, la selección de casos encauzados hacia el arbitraje debería hacerla una institución pública, y no un grupo privado, como se pretende, salvo que se reconozca explícitamente la incapacidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) u otro centro público para desempeñar la tarea. Y ello porque deben guardarse criterios de confidencialidad y responsabilidad que están mejor asegurados por la Administración pública, como seguramente sabe el ministro. Y también por razones de austeridad.