66.151 letrados para once candidatos
El Colegio de Abogados elige a a su nueva junta directiva y al decano
Cinco mesas instaladas en el Palacio de Congresos del paseo de la Castellana acogerán mañana las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid. Los 66.151 colegiados podrán elegir entre 11 candidaturas, en unos comicios muy disputados dado que el Colegio tiene que afrontar graves problemas, como los enormes retrasos en el pago de los honorarios de los letrados del turno de oficio, la modernización de la Administración de justicia o la formación y reciclaje de los asociados.
Los colegiados podrán votar de diez de la mañana a ocho de la tarde. El voto no es idéntico para todos. Las papeletas de los 40.581 ejercientes, que pagan mayor cuota, tendrán valor doble, frente al sencillo de los 25.570 no ejercientes.
Preguntas del cuestionario
1. ¿Cómo piensa resolver el problema del turno de oficio?
2. Algún candidato ha apuntado la posibilidad de que no se exija la colegiación obligatoria, ¿qué opina?
3. ¿Qué medidas pondría en marcha para mejorar la imagen de los abogados?
4. ¿Qué soluciones afrontaría para acabar con el atasco judicial?
5. Las nuevas tasas judiciales ¿perjudican al abogado o al cliente?
Los comicios se presumen muy reñidos, sobre todo, por parte de cuatro candidaturas. El actual decano, Antonio Hernández-Gil (Burgos, 1953), se presenta a la reelección. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, desempeña la cátedra de Derecho Civil en la UNED. Sus especialidades también son el mercantil y el arbitraje. En los cuatro años que ha estado al frente del colegio, le ha tocado bregar con distintos consejeros de Presidencia y Justicia para que le pagaran los honorarios de la justicia gratuita. Esto le ha llevado en más de una ocasión a enfrentarse al Gobierno regional (Partido Popular).
Enfrente tiene a tres pesos pesados. Sonia Gumpert (Madrid, 1966) es licenciada por la Universidad Autónoma, se colegió en 1993 y su especialidad son los ámbitos civil y mercantil, además del derecho internacional privado.
Otra de las candidatas que cuenta con un importante respaldo es la especialista en penal y penitenciario Lorena Ruiz-Huerta (Madrid, 1977), que preside la Asociación Libre de Abogados (ALA). Además de profesora de la Universidad Carlos III, lleva más de 20 años luchando por la democratización del Colegio de Abogados. Tiene gran experiencia en movimientos sociales y en la defensa de los derechos civiles y políticos.
El cuarto en disputa es Javier Cremades (Ceuta, 1965), fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Doctor por la Universidad de Regensburg, su especialidad son las telecomunicaciones. De hecho, fue el autor del primer manual de esta disciplina. Propugna la integración de las nuevas tecnologías y la adaptación al nuevo entorno global.
Antonio Hernández-Gil: Tasas desproporcionadas
1. El Colegio ya ha judicializado sus reclamaciones contra la Comunidad de Madrid por el impago de las cantidades adeudadas. La única solución definitiva será sensibilizar a la sociedad de la extraordinaria relevancia social de un servicio público esencial para los ciudadanos más necesitados. Y para eso la abogacía tiene que estar unida.
2. La colegiación obligatoria es consecuencia de las funciones de interés general que cumplen los Colegios de Abogados (control de la deontología, formación, defensa de la libertad e independencia de los abogados). Son funciones que solo en un escenario de colegiación obligatoria cabe seguir cumpliendo.
3. En general, hay una inadecuada estimación social de la Administración de justicia. Eso explica que se le haya prestado una atención mínima, también desde el punto de vista económico. Hace falta que entre todos los abogados seamos capaces de alzar la voz para tratar de los problemas de esta sociedad herida y proponer soluciones.
4. Es inadmisible que los posibles abusos en la utilización del servicio público de la justicia se traten de solucionar indiscriminadamente con cargas económicas que pueden ser desproporcionadas.
5. Las tasas judiciales van a comprometer el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos creando una situación de desigualdad ante la justicia por razones económicas. Eso es lo relevante.
Sonia Gumpert: Pensar en el profesional
1. Soluciones como la implantación del expediente electrónico de justicia gratuita, el cese de las obligaciones del abogado de oficio si el usuario no tiene derecho a ella con abono íntegro por la Comunidad y que los expedientes disciplinarios se rijan por los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y proporcionalidad.
2. Nuestras propuestas: poner al abogado en el centro y darle valor, no considerarle público cautivo sino cliente al que conquistar. He conocido colegios y asociaciones profesionales de países en los que no es obligatoria la colegiación, y que ofrecen a los compañeros muchos más servicios y de mayor calidad que el Colegio de Madrid.
3. Hay que pensar menos en el Colegio y más en el abogado. Mejorar la imagen de los abogados pasa por poner en valor su contribución a la sociedad. Corresponde al Colegio dar mayor visibilidad a nuestro trabajo, con una gestión más personal y menos institucional.
4. El Colegio ha de impulsar las vías alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje y la mediación, que aún no han alcanzado una total implantación en España, en comparación con otros países y en las que la intervención del abogado es fundamental.
5. A ambos, sin duda. Todo lo que debilita el derecho de defensa del ciudadano perjudica a la profesión. El Colegio no puede llegar tarde a estos debates.
Lorena Ruiz-Huerta: Por el turno de oficio
1. La Asociación Libre de Abogados (ALA) ha liderado todas las movilizaciones en defensa del turno de oficio desde nuestra Constitución en 1989. Si ganamos las elecciones, convocaremos a todas las asociaciones que también lo han hecho para acordar una estrategia de actuación ante la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia. Suspenderemos con carácter indefinido las designaciones del turno de oficio, salvo para detenidos o similares.
2. ALA propugna la libertad de asociación profesional y la desaparición de la colegiación obligatoria, pues los colegios profesionales son estructuras gremiales y trasnochadas que no tienen justificación en la actualidad.
3. Es imprescindible recuperar la función social del Colegio, que debe velar por el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía y, de modo especial, por el derecho de defensa. También urge devolver la dignidad a la profesión en los tribunales.
4. Es preciso racionalizar el trabajo del personal al servicio de la Administración de justicia, simplificar los procedimientos judiciales de trámites burocráticos e invertir en recursos informáticos.
5. Esta ley nos perjudica a todos, a los clientes y a los profesionales. La ley de tasas judiciales es inconstitucional, porque atenta gravemente contra el derecho de las personas a obtener la tutela de los jueces, convirtiendo la justicia en un bien de lujo.
Javier Cremades: Mejoras tecnológicas
1. Hace falta volver a tener un Colegio de Abogados con prestigio y peso en la sociedad. Nos hemos comprometido a dedicar el posible superávit del Colegio a paliar el esfuerzo que hacen para pagar sus cuotas los abogados del turno de oficio que están sin cobrar. El Colegio es de los colegiados, y debe serlo aún más en situaciones difíciles.
2. Es un síntoma preocupante que muchos abogados vean en la colegiatura solo una obligación pecuniaria. Por eso en nuestra candidatura proponemos un cambio de visión estratégica del Colegio para darle verdadero valor al colegiado. El Colegio debe ser capaz de ofrecer oportunidades profesionales para todos los abogados.
3. Se trata de que los abogados pregunten a la sociedad cómo les ven y entablar un diálogo con la sociedad para ver dónde queremos estar, cómo queremos que nos vean. La abogacía debe comprometerse más aún con los distintos debates sociales que definen nuestro futuro para seguir liderando con una eficacia reforzada la defensa de los intereses de los ciudadanos.
4. El problema del funcionamiento de la justicia viene de antiguo. Hay que trabajar más en la línea de soluciones como la mejor implementación de las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Nuestra postura es poner todos los medios legales para que se modifique esta legislación que perjudica a los ciudadanos y a los profesionales jurídicos.
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