Chamizo advierte del impacto de los desahucios en los menores

El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para conocer el impacto de los desahucios en menores e intentar investigar la entidad del problema.

La Oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado en su página web esta actuación con motivo de la celebración este lunes 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, porque la situación de crisis "es la peor amenaza para el conjunto de derechos y libertades que esta comunidad ha venido construyendo a lo largo de las últimas tres décadas".

José Chamizo quiere conocer las respuestas que se deben poner en marcha para amortiguar estos efectos "en quienes más sufren la pérdida de sus viviendas", en alusión a los menores.

La crisis económica "provoca un efecto expansivo de la pobreza", con una inmersión de sectores "muy importantes" de la población "hacia situaciones de insuficiencia de recursos propios que afecta de inmediato a la propia unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos que estallan contra la estabilidad de las familias".

Tras reconocer estar "particularmente preocupado" por los menores, recuerda los datos de Unicef de que en España el 13,7 % de los menores de 18 años vive en hogares con un nivel de pobreza alta, una cifra que muestra "la gravedad de la situación: hay más niños pobres, y además de crecer en número aumentan sus carencias".

"Podemos decir que esta pobreza tiene rostro de niño y que todas las previsiones coinciden en un agravamiento de esta incidencia infantil", ha destacado Chamizo, quien alerta también de los daños "muy especiales" que genera la pérdida sobrevenida de la vivienda.

En su opinión, no resulta difícil imaginar los efectos que se producen porque los menores "pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano".

"Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más duros", según el Defensor, quien se ha preguntado "¿A cuántos niños se están viendo lanzados junto a sus padres de las viviendas?".

La actuación de Chamizo se dirigirá a la Consejería de Salud y Bienestar Social para investigar las medidas de lucha contra la pobreza en el sector de la infancia.

También busca conocer de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como entidad representativa de los municipios andaluces, la posible existencia de protocolos de atención social de emergencia para atender estas situaciones con menores implicados.

Asimismo, de la Consejería de Vivienda quiere conocer la aplicación concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas.