El Consell ignora una sentencia del TSJ para pagar 10.000 euros a una anciana

La deuda del Consell parece no tener límites. Ni siquiera legales. Eso es, al menos, la impresión que tiene una familia de Llíria (Valencia) después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenara el pasado mes de junio a la Generalitat a pagar 9.561,79 euros por una deuda con una mujer dependiente. El fallo resuelve que la Administración debe pagar las 23 mensualidades atrasadas desde que la familia solicitó la ayuda hasta que le concedieron la primera. Hoy por hoy, cinco meses más tarde, sigue sin ingresar el dinero adeudado. Ahora esperan que se ejecute el pago mientras temen un trágico desenlace que complique, aún más, los trámites. “Vivimos una sensación de impotencia horrible”, confiesan.

“Mi abuela está mal y es probable que no aguante mucho”, cuenta A., el nieto que, al igual que su abuela y el resto de familiares entrevistados, prefiere no dar su nombre “para no perjudicar el proceso”. “Entonces tendríamos mayores complicaciones para recibir lo que nos deben”. Habla de la sentencia del TSJ pero también del dinero que el Consell adeuda a todos los dependientes desde agosto. Su abuela, G. M., está a punto de cumplir los 93 años y requiere 24 horas de ayuda desde hace años. Según comenta su hijo R. le tienen que hacer la comida, la cama y “solo se mueve del dormitorio al comedor, que está cerca”. Ellos, contrarios a ingresarla en una residencia, se han hecho cargo desde el principio. Viven los tres juntos.

La familia pidió las ayudas para la abuela en mayo de 2007, nada más aprobarse la Ley de Dependencia y estudiar cómo podían disfrutarla: “En cuanto se puso en funcionamiento la solicitamos”, narra su hijo, “aunque tuvimos algunos problemas por preferir tenerla en casa que enviarla a un centro”. En mayo de aquel año registraron la solicitud. La respuesta les llegó dos años más tarde, el 19 de junio de 2009: se les concedía por “gran dependencia” (nivel 3, grado 1) una cuantía 415,73 euros al mes.

La dotación contemplaba un cuidador “no profesional”, que era su nieto, ya que entre los tres habían decidido hacerse cargo de ella. “Mi padre estaba a punto de jubilarse (ahora tiene 66 años) y pensamos que era la mejor opción. Además, creemos que es de recibo cuidar a quien te cuidó”, sostiene el nieto, de 35 años. De esta forma, consiguió las acreditaciones necesarias y empezó a dedicarse a ello: “Tuve que presentar un montón de papeles y hacer cursos, como todo el mundo”, relata. “En estos años, mi abuela ha empeorado. Ha tenido algunas caídas, pero leves”, señala. “Los técnicos ya en su día le pusieron en el penúltimo nivel”.

Según la asignación, la asistencia “tendrá efectos económicos desde la fecha de la presente resolución”. Ellos, sin embargo, consultaron a un abogado para obtener la suma de todos los meses con retroactividad. El 3 de mayo de 2010 interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la resolución expedida por la Generalitat. Vicente Fito, el letrado encargado, reconoce que tenían esperanzas en conseguirlo ya que “hay más casos en el que resuelve a favor de los particulares”.

La sentencia llegó el pasado mes de junio. El TSJ condenó a la Generalitat a pagar 23 cuotas, desde mayo de 2007 hasta junio de 2009, a razón de 415,73 euros por mes. En total, con intereses, la cantidad ascendía a 9.561,79 euros. “Entonces la ley no se hacía cargo de las costas”, explica Fito.

Más de cinco meses después, aún siguen sin percibir ni un euro. A los tres meses del fallo, a finales de octubre, presentaron un escrito en el que pedían la “ejecución forzosa de la sentencia” que cargaba “personal y directamente” la “responsabilidad de los agentes de la Administración”. De momento, tienen 12 semanas por delante para que recibir alguna respuesta. Mientras, en el teléfono de atención al dependiente de la consejería de Bienestar les repiten cada día que no hay dinero. “No sabemos qué hacer”, reconocen, “estamos desesperados”. “No entiendo nada”, apunta el nieto y cuidador, “porque nos sentimos cada vez menos respaldados por la administración”. Lo peor de todo, confiesan, es que el establecido orden de las cosas puede precipitar un final irremediable para un proceso del que “nadie sabe nada: ni siquiera los que se supone que nos deberían informar”.