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El fin de una era de impunidad

El avance del proceso judicial contra Rafael Blasco, la dimisión de Vela y la cárcel para Hernández Mateo agudizan la vulnerabilidad de los diputados imputados del PP

Rafael Blasco sentado en su antiguo escaño de portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas.
Rafael Blasco sentado en su antiguo escaño de portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas.

Por primera vez en muchos meses el número de diputados imputados en la bancada del grupo del PP en las Cortes Valencianas ha disminuido: han pasado de 10 a nueve. El motivo no ha sido, sin embargo, tanto político como judicial. La condena a tres años de prisión por prevaricar y falsificar documentos en la adjudicación de la basura —un contrato de cerca de 100 millones de euros— al histórico alcalde de Torrevieja y hasta el martes parlamentario autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, hicieron insostenible su permanencia en la Cámara llevándole a dimitir. Hernández Mateo, ejemplo de muchos de los males que afectan a su partido en la Comunidad Valenciana, está, además, a un paso de ser imputado en otra causa y podría acabar siendo juzgado por una tercera.

Hernández Mateo era hace ya tiempo, sin embargo, una figura menor en el grupo y en su partido. El auténtico punto de inflexión en la línea de resistencia del grupo de imputados en el Parlamento valenciano ha sido el serio empeoramiento de la situación judicial de Rafael Blasco, el único político que ha sido consejero con todos los presidentes de la Generalitat valenciana, desde los años ochenta, y que hasta hace poco era el portavoz del grupo popular en las Cortes. Blasco está imputado por la aparente apropiación de fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo en países pobres. Su caso ya se ha cobrado, de forma colateral, además, la carrera política de uno de los principales cargos del Gobierno de Alberto Fabra: la del titular de Hacienda, José Manuel Vela, acusado de entregar a Blasco un informe confidencial sobre su procedimiento judicial en medio de una sesión de las Cortes.

La policía y los fiscales consideran a Blasco no un miembro de la trama que esquilmaba las ayudas a la cooperación, sino su “director”. Y la investigación, consecuentemente, se está centrando en él.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia valenciano, María Pía Calderón, ha requerido recientemente información y ha viajado a Estados Unidos tras la pista de posibles pagos a Blasco con dinero proveniente de la rapiña de los fondos públicos. Uno de los hilos de los que han tirado los investigadores es un correo intervenido a Augusto César Tauroni, presunto responsable de la rama empresarial de la red corrupta y el único que permanece en prisión, a una de sus asociadas en EE UU, Irene Navarro. Tauroni le advierte en el mensaje que tienen “pte \[posiblemente, pendiente\] al conejo de tres meses”. Conejo, conill, Roger Rabbit y RR son, según la investigación, los apelativos con que la trama se refería a Blasco para ocultar su nombre.

La magistrada no solo ha interrogado a testigos en Estados Unidos sino que, a petición de los fiscales, ha requerido a las autoridades de aquel país que le informen sobre las entradas y salidas de Blasco, Tauroni y Marc Llinares —otro excargo público imputado— de su territorio. Y aún más: por dónde cruzaron la frontera, los “domicilios facilitados de alojamiento, datos de contacto, acompañantes, declaración de entrada de dinero en efectivo”, días de entrada y salida en hoteles, “identificación de la persona o personas que les acompañaban, número de reservas, habitaciones utilizadas, importe pagado y forma de pago”.

Uno de los objetivos de la petición parece ser comprobar si coincidieron estancias de Blasco y los otros dos imputados en EE UU con las retiradas de efectivo de las cuentas y empresas (al menos cinco) que la red tenía en aquel país.

Los investigadores consideran acreditado que una parte de los fondos públicos de la Generalitat para ayudar a países pobres fueron desviados a sociedades creadas por Tauroni en Estados Unidos. Y que de allí no salió ni un dolar para ayudar a los parias del planeta. El dinero sirvió, en cambio, para financiar operaciones inmobiliarias, y para abonar alojamientos en hoteles, comidas en restaurantes, compras en comercios y momentos de esparcimiento en locales de striptease. Buena parte del dinero fue, sin embargo, extraído de las cuentas bancarias mediante diversas fórmulas con el propósito aparente de seguir ocultándolo y, según apunta la investigación, podría haber servido para pagar comisiones a los implicados.

La Fiscalía Anticorrupción tiene indicios de, al menos, dos pagos en efectivo a Blasco en España, aunque por cantidades pequeñas. En un caso, 5.000 euros y en el otro, 7.000.

Siendo importante, entre otras razones para tratar de recuperar el dinero defraudado, demostrar la recepción de dinero por parte del exconsejero no es capital para la marcha de la causa. Hernández Mateo ha sido condenado a prisión e inhabilitado sin que se haya llegado a plantear que hubiese recibido una recompensa de las empresas que resultaron adjudicatarias del servicio de basura de Torrevieja. Bastó con que quedase probado que actuó en contra de la ley a sabiendas, y que falsificó un documento.

Las miles de páginas que forman el sumario del caso acumulan multitud de intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos y documentos que respaldan la opinión de la fiscalía de que Blasco pudo cometer los delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad, aparte del cohecho.

La línea seguida por el Tribunal Superior valenciano, alejada de la aparente contemporización de otros tiempos, la condena a Hernández Mateo y la envergadura que ha tomado la causa contra Blasco han extendido la impresión de vulnerabilidad al resto de sus compañeros de grupo parlamentario, imputados en los casos Gürtel y Brugal.

En ninguno de ellos está implicado cualquiera. En Gürtel, por supuesta financiación ilegal del PP y delitos contra la Administración, están imputados quienes formaban las cúpulas del Gobierno y la dirección regional del partido en la etapa del expresidente Francisco Camps: Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García, Angélica Such y Milagrosa Martínez. En Brugal, por el supuesto amaño del plan de ordenación urbana de Alicante en favor del constructor Enrique Ortiz, están imputados la actual alcaldesa del municipio, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi.

Excepto Castedo, a quien su cargo proporciona proyección pública, el resto de diputados imputados iniciaron la legislatura con poca visibilidad y no han dejado de difuminarse desde entonces.

La causa contra Blasco ha planteado otra perspectiva inquietante. Según la denuncia de la fiscalía, que han avalado hasta ahora los jueces, su intensa actividad delictiva en la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía empezó a los pocos meses de tomar posesión de la cartera, en 2007. Y se prolongó hasta más allá de abandonar el cargo, tras las elecciones de mayo de 2011. Es decir, no solo no le detuvo la crisis y los graves problemas de suficiencia presupuestaria que en todo este tiempo han afectado a la Generalitat, sino tampoco el estallido de los casos de corrupción que barrieron de la primera línea política a casi una generación de su partido.

Y en una de las conversaciones intervenidas a miembros de la red a la que presuntamente pertenecía, una de las imputadas, Maribel Castillo, afirma que a la Fundación Hemisferio, teórica base de operaciones de la defraudación de ayudas a la cooperación, adonde fueron a parar buena parte de los más de tres millones de euros defraudados, “no le queda nada”. Castillo añade: “La están aguantando hasta ver dónde cae Blasco, y en cuanto lo sepan, según donde caiga, cierran la fundación y montan otro chiringuito”. Un planteamiento alarmante sobre alguien que ha sido consejero de Presidencia, Obras Públicas, Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad, Solidaridad y Ciudadanía, y Justicia a lo largo de las tres décadas de existencia del Gobierno de la Generalitat.