Fabra limpia el Consell de campistas

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra enterró ayer el Gobierno que le dejó en herencia Francisco Camps en julio de 2011, pocas semanas antes de dimitir por el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel.

En los 16 meses que lleva de presidente, Fabra se había limitado a parchear los cambios sobrevenidos en el Gobierno valenciano. Es decir, a cubrir en las Navidades de 2011 las marchas de la vicepresidenta Paula Sánchez de León a la Delegación del Gobierno y del consejero de Economía Enrique Verdeguer a Adif.

La dimisión de José Manuel Vela como titular de Hacienda el pasado viernes, precipitó una remodelación que estaba prevista para final de año. Vela dimitió el pasado 30 de noviembre tras ser imputado por revelación de secretos, en concreto por la supuesta filtración de un informe solicitado por el juzgado a Rafael Blasco —exconsejero imputado en el caso Cooperación—.

Fabra optó, inicialmente, por mantener el calendario que se había fijado, haciendo caso omiso a quienes, desde dentro y fuera del PP, le aconsejaban desde hace meses que se deshiciese de la herencia de Camps. Sin embargo, la presión para que cerrase la grave crisis institucional, lejos de ceder, aumentó. Tanto, que Fabra asumió que no podía dilatar más la remodelación y decidió aprovechar la festividad de la Constitución para cerrar personalmente la operación.

Ayer, Fabra celebró la reunión semanal del Consell con normalidad. Y solo al acabar comunicó personalmente uno a uno su decisión a los afectados por la remodelación; avisó a los presidentes provinciales del partido en Valencia, Alfonso Rus, y Castellón, Javier Moliner, y a la alcaldesa Rita Barberá. Luego compareció ante los medios para dar cuenta públicamente de su decisión.

La remodelación se lleva por delante la herencia de Camps en el Consell. Tanto, que solo tres de los diez consejeros nombrados por el expresidente, los que más pronto se decidieron a apuntalar a Fabra tras tomar posesión del cargo, continúan: el vicepresidente José Ciscar; el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ahora asume también Justicia y que fue promocionado por el jefe del Consell a la secretaría regional del PP; y la titular de Infraestructuras, Isabel Bonig, de Castellón igual que el presidente.

Fabra prescinde de cuatro consejeros, tres de ellos estrechamente vinculados a su antecesor y uno especialmente quemado por la gestión. Dejan el Consell, Lola Johnson, la titular de Turismo y Grandes Proyectos y la más identificada con el discurso politico del campismo; Maritina Hernández, consejera de Agricultura y amiga personal de Camps. Las carteras que ostentaban desaparecen al ser absorbidas por Economía, en el caso de Turismo, y la vicepresidencia, en el caso de Agricultura. Una situación que permite a Fabra reducir de diez a ocho las consejerías e intentar trasladar una imagen de austeridad.

Jorge Cabré, el fiscal que ocupaba la cartera de Justicia y Bienestar Social y que asesoró a Camps en la estrategia a seguir tras su imputación en el caso Gürtel, también abandona el Gabinete. Cabré era, además, crítico con una gestión económica que había relegado los pagos a los colectivos dependientes de Bienestar Social. La cuarta baja es la del titular de Sanidad, Luis Rosado, que paga, fundamentalmente, su fracaso en la privatización integral, no asistencial, del sistema de salud valenciano.

Los descartes provocaron un notable malestar en el entorno del campismo y de manera especial en un sector del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, donde está ampliamente representado. Los cuatro consejeros destituidos recibieron la noticia como un mazazo. De los descartes realizados por Fabra, solo Maritina Hernández tiene acta de diputada. Los otros tres se reincorporarán a sus puestos de trabajo, en la fiscalía y el hospital, o están a la espera de destino. En el nuevo Consell, el presidente de la Generalitat reordena competencias, de una manera más lógica que hasta ahora, y apuesta por un perfil técnico.

Tanto los fichajes, como el nuevo organigrama, tienen una clara intencionalidad politica y son el primer movimiento de calado del jefe del Consell.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la ocupará Carlos Moragues (Gandia, 1969), hasta ahora delegado de la Agencia Tributaria en la provincia de Castellón. Su misión es “cambiar el cuño” dejado por los exconsejeros Gerardo Camps y José Manuel Vela. Fuentes del PP dieron por hecho que los cambios se producirán de manera lenta, pero inexorable, en el segundo escalón de esta cartera. Moragues está considerado como un técnico eficiente y responde al perfil que, con discreción, Fabra buscaba desde hacía meses. De Moragues le han facilitado buenas referencias.

El nuevo consejero de Sanidad será Manuel Llombart (Valencia, 1969), amigo personal de Fabra. Su perfil es el de un ejecutivo, miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y hasta ahora director general del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Su principal reto es profundizar en la privatización de la sanidad pública, algo en lo que Rosado fracasó.

El tercer fichaje es de la concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana (Alicante, 1965), nueva consejera de Bienestar Social. Este nombramiento permite a Fabra equilibrar la cuota territorial y de sexos (salen dos alicantinos y dos mujeres). Y también lanzar un mensaje a la alcaldesa Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal. La nueva consejera de Bienestar Social es una de las personas, pese a ocupar una concejalía desde 1999, que se habían mantenido más distantes con Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. Sánchez no forma parte de la dirección provincial del PP —que preside el también vicepresidente del Consell, José Ciscar—, aunque sí conoce a Fabra desde hace tiempo.

En el nuevo Gobierno, el presidente de la Generalitat potencia la figura de Ciscar al otorgarle nuevas competencias (agricultura), pero también la de su contrapeso, Serafín Castellano, que añade Justicia a Gobernación y mantiene la secretaría regional del PP. Castellano regresa así a la primera cartera que ocupó y en la que se siente confortable.

Según fuentes del PP, tanto Ciscar, como Castellano se habían empleado en las últimas semanas para intentar influir en la anunciada remodelación, aunque sin mucho éxito. De hecho, el anuncio de la remodelación lo conocieron con poca antelación y les obligó a cambiar la agenda prevista.

El Consejero de Economía, Máximo Buch, que vio su figura devaluada tras asumir Ciscar las competencias de Hacienda con la dimisión de Vela, asume una cartera mayor. Buch, además de Economía, se encargará de Turismo y Empleo. Esta última competencia estaba en la Consejería de Educación, que dirige María José Catalá, y que ahora se hará cargo de Cultura.