Pozuelo sigue sin colector

Cuando, hace año y medio, el nuevo equipo de Gobierno, presidido por la popular Paloma Adrados, se hizo cargo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se puso como uno de sus grandes objetivos el desatascar el embrollo urbanístico existente. Más de seis millones de metros cuadrados paralizados desde hace una década por no haberse construido el necesario colector de aguas pluviales.

Un tercio de esos terrenos, 2,4 millones de metros, se aglutinan en torno al Área Pozuelo Oeste (Arpo). Uno de los pocos enclaves residenciales en los que, a pesar de la crisis, sus promotores todavía confían en obtener buenos beneficios, tanto de la venta de los terrenos como de la construcción de las casi 6.000 viviendas previstas.

Entre esos propietarios ya no figuran algunos de los promotores cuya insolvencia ha obligado a ceder los terrenos a entidades financieras como BBVA, Santander o Ibercaja. Sí otros, como Pryconsa o Espacio o la media docena de cooperativas que han aguantado, y también los propietarios históricos.

El colector cuenta con  autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo

No obstante, las dudas sobre la viabilidad económica existen. “Lo pondrán, entiendo que sí”, comenta con ciertas dudas Javier Guridi, presidente de Boj Inmobiliaria, de la Junta de Arpo y también de la Mancomisión Gestora del Colector-Intercepto, ante las dificultades para que se pongan sobre la mesa los 60 millones que van a ser necesarios para construir el colector, un presupuesto que ya dobla la cantidad inicialmente contemplada en 2007. No en vano, a los propietarios de Arpo les corresponde pagar el 58%, algo más de 30 millones. El resto, unos 25 millones, lo deben aportar los titulares del suelo aglutinados en cerca de 20 juntas de compensación de otros ámbitos.

Pero antes de desembolsar la derrama para empezar obras, la tramitación del colector debe cerrar los últimos flecos administrativos. Ya se ha conseguido uno de los más importantes: la aprobación definitiva del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Ahora, según Guridi, falta que lo haga el Ayuntamiento, que ha requerido un texto refundido de toda la documentación. A partir de aquí se debe constituir la Entidad Urbanística Colaboradora entre las 17 juntas de compensación para dar soporte legal a la infraestructura.

Pero el colector no es lo único que falta para que Arpo se ponga en marcha. Se acaba de lograr que la Comisión de Urbanismo de Madrid dé luz verde al proyecto de expropiación, y el Ayuntamiento ha pedido a la junta de compensación la subsanación de algunas cuestiones antes de aprobar los proyectos de urbanización y de reparcelación.

Por si todo esto fuera poco, un pleito ligado indirectamente a Arpo está pendiente de resolución. Se trata de la querella presentada por la mitad de los socios de Proyecto Arpo Vivienda Joven contra el presidente de la junta, Javier Guridi, dos de sus socios y tres empresas del Grupo Boj, por la supuesta comisión de sendos delitos societario y de apropiación indebida. “Entiendo que están en su derecho por el retraso, pero creo que hubiera sido suficiente con una demanda civil”, reflexiona Guridi.

Proyecto Arpo Vivienda Joven, SL, fue creada por Boj en diciembre de 2004 para construir 55 pisos protegidos en alquiler con opción a compra para menores de 35 años, cuya edificación y licencia de primera ocupación deberían haberse producido antes de abril de 2009. Un plazo que no se cumplió.

Los querellados acusan a Guridi y a sus socios de haberse apropiado de más de 80.000 euros contabilizándolos en cuentas de empresas del grupo Boj, de haber transferido el patrimonio de la sociedad a otras empresas mediante la compraventa de terrenos, de haber comprando el suelo a precios muy superiores a los fijados en el contrato de gestión y de haber contraído obligaciones futuras a nombre de la sociedad —como un préstamo con garantía hipotecaria—, para las que, entienden los querellaos, no estaban legalmente autorizados.