Las comparecencias de la comisión de investigación del ‘caso Madrid Arena’

José Rivero, exconsejero delegado de Madrid Espacios y Congresos, fue destituido de forma fulminante por la alcaldesa por "ocultar" el contrato que otorgaba un trato preferente al organizador de la fiesta, Diviertt. Ante la comisión, una semana después de su cese, Rivero recalcó que el Madrid Arena era "extraordinariamente seguro" y achacó el problema al mal uso de este, sin responsabilidad de Madridec.

Pablo Escudero, director general de Seguridad del Ayuntamiento, fue interpelado con dureza por la oposición ante su negativa a dar explicaciones. "No es de mi competencia, yo no he organizado a la Policía Municipal ni planifico sus servicios", respondió. El responsable municipal ya había sido descargado de responsabilidad por el portavoz del PP, Enrique Núñez, que puso en duda incluso que hubiera habido exceso de aforo en el recinto o que el "supuesto" botellón influyera en la tragedia.

Simón Viñals, exconcejal del PP y médico de 77 años, compareció en la comisión de investigación para defender que contaba con el material más avanzado y que no salió en ningún momento de la enfermería, donde atendió a tres de las víctimas. "Hicimos las maniobras adecuadas pero vimos que eran ineficaces. No sé cuánto tiempo estuvieron esas pobres chicas aplastadas, pero mi impresión fue que la resucitación que estábamos haciendo era igual a la que se pudiera hacer a un cadáver que llevaba 24 horas en el tanatorio".

Alfonso del Álamo, director general de Emergencias y Protección Civil, defendió que su departamento no recibió el aviso de que se iba a celebrar el evento. Aseguró que se enteró "a última hora, al recibir un correo electrónico rutinario de la Policía Municipal" en el que se mencionaba. Al no “existir tiempo suficiente” para valorar y programar un dispositivo preventivo adecuado, se decidió establecer una alerta y a las 2.28 se enviaron dos unidades a la zona.

Beatriz Lobón, coordinadora general de la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento, explicó que una vez construido el edificio, entre 2002 y 2005, "el único deber municipal es el de la conservación, y esto solo a partir de los 30 años. "No hay que adaptarse a los cambios de normativa a menos que esta lo prevea. La única obligación es usarlo para aquello para lo que fue construido". 

Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde de la capital, negó un supuesto trato de favor con Diviertt, la empresa de Miguel Ángel Flores. "No he estado nunca en casa de este señor, ni este señor ha estado nunca en la mía", declaró. Sobre su primera comparecencia tras la tragedia, dijo: "Di esos datos en un ejercicio de transparencia. Si el organizador ha mentido, que caiga sobre él todo el peso de la ley".

El área municipal de Seguridad no pidió, como era obligatorio para aprobar el evento, un plan de autoprotección específico de la fiesta, que evaluara los riesgos (para preparar esos despliegues preventivos) e indicara a los servicios de seguridad privados cómo reaccionar en caso de emergencia.  "Esa es su responsabilidad, y eso es lo que hay que depurar.", espetó la oposición a la concejal de Seguridad, Fátima Núñez, que se ha quejado de sufrir una "caza de brujas".

La comparecencia de la concejal de Urbanismo, Paz González, no aportó apenas datos nuevos. "Yo me remito a leer los informes de mis técnicos", explicó González, que sí señaló que, según el plan de evacuación del pabellón elaborado en 2012 (no estaba en vigor en el momento de la tragedia), los vehículos de bomberos pueden acceder al interior del edificio.