El alcalde de Sabadell sabía desde hace meses que estaba siendo investigado
Un chivatazo alertó a Manuel Bustos, que se volvió más prudente al teléfono La fiscalía investiga la concesión del servicio de limpieza de la ciudad
El alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, sabía al menos desde el verano que estaba siendo investigado por los Mossos d’Esquadra. Un chivatazo alertó al regidor, que el pasado martes fue imputado en un caso de presunta corrupción urbanística. Tras el aviso, los teléfonos pinchados por el juez a algunos de los implicados en la trama enmudecieron. Aunque el soplo no dio al traste con la Operación Mercurio, que se ha prolongado durante dos años, la puso en riesgo e impidió disponer de más pruebas contra los implicados.
La Fiscalía Anticorrupción investiga el origen de la filtración y este domingo ha preguntado por el asunto a Bustos, quien continúa declarando ante el juez desde hace varias horas como imputado. Una persona que estaba al tanto de las pesquisas le avisó de que su teléfono estaba intervenido. Desde entonces, el alcalde se mostró mucho más prudente en sus comunicaciones. Cuando se trataba de un asunto delicado, solicitaba a su interlocutor tratarlo “en persona”, según fuentes cercanas al caso. Bustos también dijo a personas de su confianza que estaba siendo investigado.
La fiscalía investiga posibles irregularidades en la concesión del servicio de limpieza de la ciudad a la empresa Smatsa. El pasado mes de junio, el Ayuntamiento prorrogó el contrato de gestión de residuos y limpieza viaria con Smatsa por 15 años y un importe de 18,5 millones. Un suculento bocado que fue criticado por la oposición, ya que no era la oferta más económica. El martes, los Mossos registraron la sede de la empresa y se incautaron de documentación. El responsable de Smatsa y de su matriz, Vendex, está implicado en el caso Pokémkon, de presunta corrupción.
Con paso decidido y una sonrisa que pretendía transmitir confianza, Bustos llegó en la tarde del domingo al juzgado acompañado por su abogado, el penalista Cristóbal Martell, y arropado por un centenar de personas —entre militantes socialistas y trabajadores del Ayuntamiento—, que le aplaudieron a rabiar. El alcalde se llevó la mano al pecho en señal de agradecimiento y dijo lo que viene repitiendo desde el martes: que es inocente. “Como alcalde, nunca he tenido nada que ver con ninguna trama de corrupción ni ningún tipo de cobro de comisiones. Mi gestión ha sido transparente y al servicio de la ciudadanía. Pienso hacer una declaración larga y extensa”, añadió Bustos. Un pequeño grupo de personas le gritó “chorizo” y pidió su ingreso en prisión, lo que provocó un breve enfrentamiento verbal con los simpatizantes del alcalde.
Los Mossos d’Esquadra y la fiscalía tratan de acreditar la participación de Bustos en una presunta trama de corrupción que obligaba a empresarios a pagar comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.
Además, el hermano del alcalde y concejal de Espacio Público, Francisco Bustos, fue requerido el sábado para dar explicaciones por las elevadas dietas que ambos percibían en la Federación de Municipios de Cataluña, de la que Manuel Bustos es alcalde. La fiscalía indaga si pudo haber un delito de malversación de fondos públicos en la percepción de ciertas cantidades de dinero de la entidad municipalista, ligada al Partit dels Socialistes (PSC).
En las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, los empresarios aluden al alcalde con el significativo nombre de El Capo. Aún está por ver, sin embargo, si participó directamente en el cobro de comisiones o, sencillamente, estaba al corriente de la situación.
Hasta ahora han sido imputadas 38 personas en la Operación Mercurio, entre cargos públicos, funcionarios, empresarios y abogados. La fiscalía inició las pesquisas hace dos años con la denuncia anónima de un empresario que puso sobre la mesa una serie de prácticas irregulares. Los Mossos d’Esquadra deberán examinar la abundante documentación que se incautaron en los cerca de 50 registros que practicaron el martes. El juez y el fiscal atribuyen a buena parte de los imputados los delitos de tráfico de influencias, cohecho o falsedad documental, entre otros.
Diversas operaciones urbanísticas están bajo sospecha. Una de ellas está relacionada con un nuevo polígono industrial de Sabadell, donde mañana se inaugurará la tienda Ikea más grande de España. La fiscalía investiga si se pagaron comisiones a cambio de la adjudicación de las obras del entorno. Algo similar ocurre en el caso del cementerio de Sabadell: la gestión se cedió a finales de 2009 a una empresa privada con el compromiso de que esta acometiera obras de reforma del equipamiento por valor de 8,7 millones. Los responsables de la funeraria que se hizo con la gestión admitieron el sábado que el exconcejal del PP les “recomendó” contratar a una empresa constructora determinada. Su responsable también está imputado en la causa.
Este domingo también declaró como imputado el jefe de la Policía Local de Sabadell, Josep Miquel Duran, quién negó ante el juez haber perdonado multas de tráfico a la familia del alcalde.
Dos empresarios admiten que pagaron mordidas
Los empresarios imputados en la Operación Mercurio son la clave del caso. Los pinchazos telefónicos revelan que algunos de ellos fueron conminados a pagar comisiones para acudir “con ventajas” a la adjudicación de obras públicas. Pagar la mordida también servía a los empresarios para conseguir licencias de locales con celeridad o evitar la imposición de sanciones ante posibles irregularidades, según fuentes de la investigación.
Doce de esos empresarios permanecieron detenidos 72 horas antes de declarar ante el juez. El viernes, algunos se acogieron a su derecho a guardar silencio. Pero otros, dos en concreto, decidieron hablar y admitir que habían pagado comisiones. Los dos constructores afirmaron que habían abonado ciertas cantidades de dinero a un exconcejal del PP en el consistorio de Sabadell, Jordi Soriano. Lo hacían en un sobre y las cantidades iban de los 20.000 a los 200.000 euros, según avanzó ayer El Periódico de Catalunya.
Soriano desarrolla un papel central en la trama. Según fuentes de la investigación, era el intermediario entre los empresarios y los cargos públicos en el pago de comisiones. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios debían abonar, de entrada, 120.000 euros para acceder “con ventajas” a una determinada adjudicación. Ese dinero “a fondo perdido” se repartía, presuntamente, entre políticos y otros cargos públicos. A esa cantidad se sumaba el 3% del importe de adjudicación, una vez concluida la obra.
A las declaraciones inculpatorias de los dos detenidos se suma la del empresario que destapó el caso. Hace dos años, puso en conocimiento de Iniciativa per Catalunya de Sabadell los tejemanejes del consistorio. A partir de esa denuncia, la fiscalía y los Mossos tiraron del hilo. El empresario, que también está imputado, se ha ratificado en sus acusaciones ante el juez. Los investigadores tratan de establecer ahora el nexo que les lleve desde Soriano hasta los responsables políticos.
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