El alcalde de Leganés elimina a cualquier tipo de oposición

Pérdida de confianza o simplemente por hacer las cosas mal. Esa es la explicación oficial del alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), cuando se le pregunta por qué en los 18 meses que lleva gobernando en el municipio ha prescindido de los servicios del director general de Recursos Humanos, del director general de Industria, de un funcionario,de la directora de Recursos Humanos, de un asesor del barrio de La Fortuna, de dos interventoras municipales y de cuatro agentes de la Policía Local, uno de ellos el jefe del cuerpo.

Además de estas decisiones, Gómez ha prescindido de la exconcejal de Servicios Sociales Dolores Montoro de Francisco, que finalmente acabó dimitiendo. Una de las decisiones más importantes de Gómez fue la relativa al concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Alejandro Martín Illaguerri, que también es el secretario general del PP de Leganés. Gómez le ha dejado sin el área de Recursos Humanos, algo que los partidos de la oposición interpretan como una traslación a Leganés de la guerra que se vive en el seno del PP regional.

En el caso de los policías municipales, Gómez los ha separado del servicio por un plazo de seis meses a través de un decreto. El Consistorio les acusa de los delitos de prevaricación, malversación y coacciones, por su participación en las irregularidades detectadas en una oposición para la Policía Local.

En el último pleno ordenó la expulsión de los 15 concejales de la oposición

Toda esta ristra de salidas y sanciones, que algunos califican como guerra interna, se produce de forma paralela al enconado enfrentamiento con los grupos de la oposición, que con sus votos superan al PP de Gómez en el pleno. El punto álgido de esta crisis institucional se vio el viernes por la tarde cuando el alcalde ordenó a la policía municipal la expulsión del pleno de los 15 concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Leganés —ocho del PSOE, tres de IU y cuatro de Unión por Leganés (ULEG)— por mostrar folios con la frase “Alcalde de Leganés cesa al concejal espía”, en el momento en que el portavoz del Grupo municipal del PP y concejal de Presidencia, Juan Manuel Álamo, iba a hacer una intervención. Con esta medida, los grupos de la oposición trataban de forzar al alcalde para que explicara el motivo por el cual Álamo fue sorprendido grabando con su teléfono móvil una reunión sin el previo consentimiento de los grupos de la oposición.

Pero los problemas del alcalde no se acaban en su partido, los funcionarios municipales y los grupos de la oposición. Los feriantes, la Universidad Carlos III y algunas asociaciones también han conocido la ira de Gómez, a quien Raúl Rivas, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, acusa de cambiar la cerradura del local que utilizaba la asociación: “Un sábado fuimos a nuestra sede y nos había cambiado la cerradura. Así de simple”. En relación a los feriantes, Gómez también ha entablado una guerra, llegando a dar instrucciones a los servicios jurídicos municipales para que emprendiera acciones legales pertinentes contra los feriantes que, una vez presentada la solicitud y serle autorizada la ocupación del espacio público, renunciasen a ellas sin causa justificada provocando una merma en los ingresos municipales.

También la Universidad Carlos III se ha visto envuelta en una polémica con Gómez. El conflicto se inició por la intención del centro educativo de limitar el paso nocturno por una calle, con la intención de reducir la afluencia de jóvenes los fines de semana, algo que rápidamente fue atajado de raíz por el alcalde, quien en una nota de prensa mostró sus verdaderas intenciones: “No existe negro sobre blanco ni permiso, ni acuerdo, ni documento alguno que autorice a los responsables de esta institución educativa a, ni siquiera, iniciar trabajos en este sentido. El Ayuntamiento de Leganés quiere dejar claro que no limitará ni dejará que se limite el acceso a ninguna de las vías pública sin contar con el pertinente trámite administrativo ni, aún más allá, el consenso de nuestros vecinos”.