Mucho más que un fracaso

El único punto de acuerdo entre los partidos tras la comisión de investigación parlamentaria de los ERE fraudulentos ha sido que esta ha resultado un fracaso con pocos paliativos. La rigidez de los grupos políticos, especialmente el PSOE y el PP, a la hora de tratar de imponer sus posiciones de partida dinamitaron una comisión que, tras cinco meses de comparecencias y estudio de documentos, ha sido incapaz de presentar un dictamen que fuera aprobado por el Pleno del Parlamento. La búsqueda de responsabilidades políticas en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía descarriló en la última curva por el tacticismo de los partidos. Sin embargo, el fiasco de una comisión sin conclusiones deja una herida más profunda: la institución, fundamental en democracia, queda seriamente desprestigiada. Los partidos se aprestan ahora a remendar el roto.

La falta de conclusiones genera un desprestigio de la institución Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional

Una de las definiciones más optimistas de la comisión de investigación la dio en 1986 la constitucionalista mexicana Cecilia Mora Donatto: “El cauce más visible del control del gobierno [que] vivifica la actuación parlamentaria y fortalece la vida democrática”. Dando la vuelta al argumento, cuando estas comisiones temporales y excepcionales fracasan —lo más frecuente cuando están sujetas a la mayoría parlamentaria— el impacto negativo se multiplica. “El daño que ha hecho la comisión de los ERE es devastador y supone un desprestigio terrible para la institución. En realidad todos los mecanismos de control parlamentario del Gobierno funcionan muy mal: los partidos tienen obsesión por colonizarlo todo y eso es incompatible con una democracia más abierta y menos encorsetada”, sostiene Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela.

La comisión de los ERE era la primera que se celebraba en el Parlamento de Andalucía desde 1994, cuando, en la cuarta legislatura autonómica, se analizaron las responsabilidades políticas en la contratación irregular de personal en la empresa pública forestal Getisa. En aquella ocasión, los votos de PP e IU, con la famosa pinza, permitieron aprobar unas conclusiones, con el voto en contra del PSOE, que fueron trasladadas a la Fiscalía. Desde entonces, las sucesivas mayorías absolutas del PSOE negaron la celebración de otras comisiones.

“Teniendo en cuenta la experiencia, es poco lo que cabe esperar en el futuro de las comisiones de investigación”, apunta Javier Pérez Royo. “No hemos conseguido hacer un uso razonable de esta institución (…) Hay una reacción primaria de quien tiene el poder de eximirse de la responsabilidad o de hacer la valoración de esas responsabilidades de la manera menos perjudicial; está en la naturaleza humana”, afirma el catedrático de Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Se trata de voluntad y cultura políticas, y andamos cortitos de eso José Antonio Castro, portavoz IU

Más allá de cuestiones tácticas, los entrevistados para este reportaje coinciden en que tras el fracaso de la comisión de los ERE se esconde una falta de cultura política de asunción de responsabilidades. “La sociedad tolera conductas como las del caso Gürtel, o lo ocurrido en Mallorca o Valencia y no exige la sanción. En Alemania, por ejemplo, el reproche social acaba forzando la responsabilidad política”, sostiene Pérez Royo. El portavoz de IU en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro remacha: “Al final es una cuestión de voluntad y cultura política, de la que andamos cortitos; por mucho que reglamentes, siempre se impone la mayoría”.

En ocasiones, la fuerza de los grandes hace que las conclusiones de las comisiones vayan en sentido opuesto a las investigaciones judiciales. Ocurrió, por ejemplo, en Galicia durante la ola de incendios de 2008. El Parlamento gallego eximió de responsabilidad al Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño al tiempo que la Fiscalía apreciaba que los fuegos ocurrieron por falta de previsión. En el caso de los ERE, Pérez Royo observa otro inconveniente: “La comisión nace mucho después de ocurridos los hechos, con una causa judicializada y con medidas cautelares. Una comisión política ha de servir para actuar en caliente, frente a lo tardío de un sumario judicial. La verdad política no tiene que coincidir con la judicial, que en este caso ya veremos en qué queda”.

Tras certificarse, el pasado miércoles, el fracaso de la comisión, los partidos hicieron propósito de enmienda. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, defendió una reforma del reglamento del Parlamento para regular esta figura. Este guante fue recogido por el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia, que ha pedido “reflexión” a los grupos políticos sobre lo sucedido en la comisión de los ERE. “Que no se hayan aprobado las conclusiones es negativo y la ciudadanía no lo entenderá. Emplazo a los grupos a tomar medidas a través de una reforma del reglamento que les corresponde a ellos impulsar, y a esta Presidencia amparar”, afirma Gracia.

Hay que buscar un equilibrio entre el veto sistemático y la constitución de comisiones ante la mera sospecha Francisco Álvarez de la Chica, portavoz del PSOE

El consenso en esta materia no resultará fácil. Izquierda Unida se mostró dispuesta “a tope” a reformar el reglamento sobre comisiones de investigación al amparo del proyecto de Ley de Transparencia, que la Junta anunció que será “de máximos”. Sin embargo, el PP rechaza involucrarse, de momento, en una reforma que considera que obedece al oportunismo del PSOE.

Las modificaciones irían encaminadas, fundamentalmente, a fijar unos requisitos más flexibles para convocar las comisiones. Hasta ahora se necesita la mayoría absoluta de la cámara. Uno de los planteamientos es que para reunir la comisión baste la petición de dos grupos parlamentarios. El portavoz del grupo socialista, Francisco Álvarez de la Chica, plantea que se busque “un equilibrio entre el veto sistemático y la creación de una comisión ante la mera sospecha”. La reforma ha de contemplar también, según Álvarez de la Chica, los derechos y obligaciones de los comparecientes, el alcance y obtención de los documentos y cómo lograr un mecanismo de obtención de conclusiones que sea fiel al desarrollo de la comisión. “Sencillo no es”, afirma el portavoz del PSOE.

El modelo mayoritario no es el único. En Estados Unidos una parte de las comisiones no son partidarias sino técnicas. Y de ellas se derivan las conclusiones políticas. “Tras los atentados del 11-S, la comisión de investigación, formada por expertos, sacó un libro con sus conclusiones que fue un superventas, recuerda el catedrático Roberto Blanco. La comisión de los ERE no llegará ni al Boletín Oficial.