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'CASO COOPERACIÓN'

Un perito ratifica irregularidades en la subvención a la Fundación Cyes

La organización compró varios inmuebles con el dinero concedido por la consejería de Blasco

El perito que elaboró un informe sobre las subvenciones otorgadas por parte de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Rafael Blasco a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes, no relacionada con la constructora del mismo nombre) ha ratificado este jueves ante la juez que existieron numerosas irregularidades en la tramitación y las certificaciones. Así, ha mantenido que la fundación no cumplía el requisito de experiencia exigido por la ley, y que algunos de los pagos se efectuaron antes de que se reformularan los proyectos presentados.

La Fundación Cyes recibió 1,6 millones de euros de la consejería de Blasco, imputado en la causa, para la ejecución de proyectos para mejorar las condiciones de vida en Nicaragua. Solo 43.000 euros llegaron a su destino, según la investigación, ya que con el resto la fundación compró varios inmuebles en Valencia. Ya cobrada la subvención y a punto de cerrar el expediente, la consejería exigió una devolución parcial del dinero por no estar justificado su gasto por las facturas, y la fundación envió otros recibos.

El perito estaba citado a las 9.30 en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para declarar en relación al informe que le solicitó la magistrada que instruye el conocido como caso Cooperación, en el que se investigan las ayudas otorgadas por consejería de la era titular el diputado Rafael Blasco, a diferentes ONG.

El perito ha estado prestando declaración hasta las dos de la tarde. El interrogatorio del fiscal ha sido muy extenso y detallado, puesto que iba preguntando al perito, párrafo a párrafo, si se ratificaba en lo que había descrito en su informe, de 220 páginas. El perito ha ratificado cada uno de los puntos del escrito, en el que se describen diferentes irregularidades en los cinco proyectos adjudicados a la Fundación Cyes, que sumaban 2,2 millones de euros.

De esta forma, el perito ha reiterado que desde el departamento de Blasco se autorizaron y se abonaron subvenciones cuando no se cumplía de manera estricta la normativa estatal que regula esta actividad.

Como ejemplos, ha reproducido que la fundación no cumplía con el requisito exigido de la ley de experiencia previa, es decir, poder demostrar que realizó seis proyectos en el país destinatario de la ayuda. Al respecto, algunos de los imputados en la causa ya señalaron en sus declaraciones que hubo oposición a autorizar algunas de estas subvenciones precisamente porque se incumplía este requisito.

Además, el perito también ha indicado que detectó irregularidades en los pagos, en cuanto a que se abonaron subvenciones a esta entidad antes de que se rehicieran algunos de los proyectos presentados, y eso pese a estar prohibido.

Por otro lado, el perito mantiene que se hicieron pagos irregulares a una firma del empresario Augusto César Tauroni, -único imputado en prisión por esta causa- y a otra firma en la que figuraba el presidente del patronato de Fundación Cyes, Marcial López, y miembros de su familia.