La juez abre juicio oral a la exalcaldesa de Orihuela por falsedad documental

La ex alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, imputada en el caso Brugal, desfilará otra vez por los juzgados por otro asunto. La titular del Juzgado número 1 de Orihuela notificará el próximo viernes día 30 a Lorente, y al exconcejal de Infraestructuras Antonio Rodríguez Murcia la apertura de juicio oral contra ellos por haber falseado presuntamente el expediente de unas obras municipales que fueron inauguradas antes de ser adjudicadas, según confirman fuentes próximas al caso.

La juez les imputa un presunto delito de falsedad en documento público por autoridad o funcionario público por imprudencia grave. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una multa de 4.500 euros y la suspensión de cargo público durante diez meses por un delito de falsedad documental perpetrada por autoridad pública por imprudencia grave, según confirmaron a este diario fuentes del ministerio público. Inicialmente ambos políticos del Partido Popular estaban imputados también por un presunto delito de prevaricación, aunque esta acusación no ha llegado a concretarse al final.

La magistrada del juzgado de Instrucción número uno de Orihuela tras dictar la apertura de juicio oral emplazó a las defensas de los dos imputados a que presenten sus escritos de conclusiones provisionales. Los dos imputados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, presentaron un  recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante, que está pendiente de resolución, pero este recurso contra el auto de transformación de procedimiento, no es suspensivo y por eso se acuerda abrir juicio oral.

La investigación arranca del expediente para adjudicar las obras de reforma de la plaza junto al centro social de El Escorratel. Unas reformas que se inauguraron en julio de 2008 tras haber sido ejecutadas por la mercantil Ronis 2, con un presupuesto de 34.380 euros, en un acto presidido por la entonces alcaldesa y el exedil de Infraestructuras. Sin embargo, la junta de gobierno del Ayuntamiento oriolano no aprobó el contrato por el que se adjudicaban los trabajos hasta el 25 de julio de ese año. El fiscal considera que este documento fue íntegramente confeccionado para dar apariencia de legalidad a los trabajos.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó la memoria del proyecto de reforma de la plaza el 28 de diciembre de 2007, que había sido elaborado por la ingeniero técnico municipal, que tendrá que declarar en este juicio como testigo. El sistema elegido para ejecutar las obras era el procedimiento negociado sin publicidad, por el que se facultaba al Rodríguez Murcia a cursar invitación a tres empresas capacitadas para la ejecución de los trabajos, a fin de que formularan sus correspondientes proposiciones económicas. La ingeniero técnico era quien debía supervisar las ofertas económicas.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la mercantil Ronis 2 comenzó las obras sin que se hubiera acordado ningún tipo de adjudicación, ni se formalizara el contrato para ejecutar los trabajos. Como consecuencia de esta situación, desde el ministerio público se concluye que los servicios técnicos municipales no tuvieron conocimiento de que las obras se estaban llevando a acabo, por lo que éstos no pudieron verificar ni el plazo de ejecución, ni el estado previo en el que se encontraba la plaza antes del proyecto al no extenderse el acta de replanteo, así como tampoco pudieron inspeccionarlas, ni se realizó el acto formal de recepción de los trabajos.

El fiscal asegura en su escrito de acusación que el edil Rodríguez Murcia era consciente de que las obras se estaban ejecutando sin haberse adjudicado, sin que adoptara medida alguna para corregir la irregularidad.

Respecto de la entonces alcaldesa, Mónica Lorente, desde el ministerio público se subraya que hubiera bastado una simple lectura del contrato para darse cuenta de que se trataba de obras que ya estaban realizadas, ya que fue ella quien presidió la inauguración de dicho espacio público. En este sentido, también se incide en el hecho de que cuando el contrato llega a la junta de gobierno del consistorio oriolano, ya se habían girado dos facturas por la empresa reclamando parte del pago. Finalmente el contrato de adjudicación de las obras se firmó entre el Ayuntamiento y el representante de la mercantil el 26 de septiembre, más de tres meses después de que las obras ya hubieran sido inauguradas. Además de la ingeniero municipal, para el juicio se ha pedido la declaración de otros técnicos como testigos, entre ellos el secretario.