¿Aún tenemos derecho a decidir?

Las elecciones autonómicas anticipadas del pasado domingo se presentaron desde el minuto cero como unas elecciones plebiscitarias para dilucidar sobre mayorías parlamentarias favorables, por un lado, al derecho de los catalanes a decidir sus relaciones con España y, por otro lado, a la conversión de Cataluña en un nuevo Estado de la Unión Europea. El argumento esgrimido por Artur Mas fue el siguiente: en momentos excepcionales (de colapso económico, de bloqueo político y de reivindicación popular) hay que tomar decisiones excepcionales (anticipar elecciones). Y para conseguir sus objetivos políticos formuló una petición electoral que ya suele ser más habitual: una mayoría también excepcional (léase absoluta) de apoyo a su candidatura.

Pero ahora que ya hemos votado “plebiscitariamente”, podemos comprobar que a pesar de las sorpresas electorales no se ha modificado sustancialmente el sistema de partidos catalán. CiU sigue siendo la formación política predominante, aunque su mayoría parlamentaria, desafiando los rotundos augurios del director del CEO, se ha quedado muy corta. La gran “novedad” es que la previsible pérdida de voto socialista ha comportado que el PSC pase a engrosar el club de los partidos medianos, deje de ser la segunda fuerza parlamentaria y facilite el cambio de líder de la oposición, que pasa a manos de ERC. Así, si CiU y ERC no gobiernan juntos, el presidente del Gobierno y el nuevo líder de la oposición compartirán un mismo objetivo: transformar Cataluña en un nuevo Estado. Finalmente, ni los pronosticados aumentos de diputados de ICV-EUiA y de C’s, ni la ausencia parlamentaria de SI, ni la presencia de la CUP parecen generar cambios trascendentales en el sistema de partidos. ¿Hacían falta tantas alforjas excepcionales (elecciones anticipadas) para este viaje hacia el Estado propio? ¿El nuevo escenario poselectoral ha allanado la vía jurídica o política hacia el derecho a decidir de los catalanes?

La hoja de ruta para el derecho a decidir sigue siendo la misma que antes de las elecciones

El principal problema para las aspiraciones soberanistas no era, ni sigue siendo, la aritmética parlamentaria catalana que se pretendía modificar en estas elecciones, ni tampoco la legitimidad democrática para impulsar cualquier iniciativa parlamentaria o gubernamental catalana de consulta popular. Si para dar salida jurídica al derecho a decidir es necesario impulsar una ley catalana de consultas, los partidos favorables a facilitarlo ya sumaban una amplia mayoría antes de las elecciones; o si el requisito jurídico es la modificación de leyes orgánicas o de la Constitución, el obstáculo sería, en todo caso, la aritmética del Congreso de los Diputados.

Como es sabido, las trabas no son jurídicas sino básicamente políticas, y el Gobierno de CiU por sí solo, aunque tuviera una mayoría absoluta holgada, no sería capaz de condicionar la voluntad de un Gobierno central que posee la mayoría absoluta de sus correligionarios en el Congreso. Por ello, cuando el PP consiguió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de 2011, la actitud altiva del “Gobierno de los mejores” de Mas se arrugó y las previsiones convergentes cayeron en saco roto: CiU pasó de poder ser clave para la gobernabilidad de España a no ejercer influencia alguna, y Duran pasó de poder ser el futuro gran negociador de Cataluña en Madrid a ser un simple florero político. Los resultados electorales del pasado domingo no han cambiado ni podían cambiar esta situación.

La hoja de ruta para el derecho a decidir es la misma que antes de las elecciones. A la voluntad social (los manifestantes del 11-S no se han volatilizado), hay que añadir una más amplia y plural mayoría parlamentaria (que ahora incluye el PSC), una acción gubernamental, avales internacionales y el compromiso político de respetar la decisión tomada por la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

La campaña electoral ha generado una mayor fragmentación social que puede dificultar el consenso necesario para este nuevo reto político, pero un amplio pluralismo ideológico aunado por el objetivo común del derecho a decidir y sustentado por el clamor ciudadano, es capaz de fortalecer el interlocutor catalán y forzar una posible negociación con el Gobierno del PP.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB