Otra campaña del PP bajo sospecha

¿Hubo financiación ilegal en la campaña autonómica de 2003, que llevó a Francisco Camps a la presidencia de la Generalitat? Las campañas electorales del PP valenciano en 2007 y 2008 fueron financiadas de forma supuestamente irregular a través de Orange Market, la terminal valenciana de la trama Gürtel. El dinero opaco de varias empresas acabó pagando actos electorales de Francisco Camps, pero también de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre en Madrid. Hay diputados del PP y empresarios imputados en el caso.

Las sospechas, sin embargo, se extienden a convocatorias anteriores. A raíz de las investigaciones del juez de Mallorca José Castro, que ya ha imputado a excargos del Gobierno balear, entre ellos su expresidente, Jaume Matas, ha salido a la luz el papel de otra empresa de nombre singularmente similar, Over Marketing, cuyo propietario, Daniel Mercado, ha declarado al juez que amañó contrataciones en Baleares pero también en Valencia, donde tuvo una intensa actividad antes de que apareciera en escena la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes.

Siguiendo el rastro del Gürtel balear, el diputado Ignacio Blanco, de Esquerra Unida del País Valencià, ha reclamado a la Generalitat toda la documentación relacionada con los contratos de la Administración autonómica y Over Marketing y Comunicación, SL, una firma de la que hasta ahora hay constancia de nueve contrataciones. Una de ellas hace referencia a la campaña institucional animando a la participación en las elecciones de 2003.

El dueño de Over Marketing ha declarado que amañó contratos

Blanco tuvo acceso al expediente el pasado viernes, tras tomar la palabra al consejero de Gobernación y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, que había afirmado públicamente unos días antes que se le había entregado al diputado toda la información. “En el expediente no están las facturas que habrían de justificar la campaña y el coste real”, afirmó este martes el parlamentario de Esquerra Unida al dar a conocer parte de la documentación. Eso quiere decir que no hay constancia de que la empresa Over Marketing se gastara en vallas publicitarias, cuñas de radio, espacios publicitarios en los cines e inserciones en algunas televisiones realmente las cantidades que figuran en sus propias facturas, giradas a la Generalitat y de las que sí que hay constancia en el expediente.

Blanco destacó que el contrato, cuya tramitación cumplió “los trámites legales” en la licitación y adjudicación, prevé explícitamente en su pliego de condiciones que la empresa adjudicataria “deberá aportar justificación económica del coste de las acciones publicitarias mediante las facturas emitidas por los medios y/o cualquier otro documento justificativo que acredite el importe de la difusión”. Incluso prevé que, en caso de descuentos comerciales, el margen obtenido se reinvertirá en la propia campaña.

De los 698.269 euros a los que se elevaba el contrato, más de 450.000 estarían, por tanto, sin justificar. Algo que ocurre con otros contratos que Esquerra Unida reclamó y de los que también está pendiente que le faciliten las facturas. Se trata de encargos de divulgación de la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Serafín Castellano, hoy consejero de Gobernación. El diputado Blanco ya remitió al juez Castro los expedientes de esas dos campañas y le informó de las dificultades para obtener la documentación de otras contrataciones. Ahora ampliará la denuncia y tratará de entrevistarse personalmente con algún responsable de la investigación, según anunció.

El contrato de la campaña del Consell exigía la aportación de las facturas

“Toda la documentación es correcta y está respaldada por la intervención de los funcionarios públicos”, indicó, al término de la Junta de Síndics, el portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, en la línea de lo manifestado por el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, hace unos días. Bellver sugirió que el diputado de Esquerra Unida, portavoz adjunto de su grupo, “ya tenía claras sospechas antes de recibir la documentación, y tenía la decisión tomada”.

Blanco hizo ver que la certificación que obra en el expediente de que los trabajos de Over Marketing habían sido realizados “de plena conformidad y de acuerdo con lo que se había encargado” fue firmada en junio de 2003, un mes después de las elecciones, por Dora Ibars, entonces directora general de Comunicación de la Generalitat. Ibars fue destituida hace apenas un mes de la dirección general de Promoción Institucional por su imputación por cohecho y prevaricación en el caso Gürtel. Su departamento contrató hasta tres veces los servicios de Orange Market.

El diputado de EUPV Ignacio Blanco amplía su denuncia al juez

A la pregunta de por qué firmó la certificación de la campaña de 2003 un alto cargo como Dora Ibars si quienes deben avalar el proceso son los funcionarios, Bellver reiteró que “quien da garantías de la correcta actuación dentro de la intervención de la Administración son los funcionarios públicos, que avalan esta gestión”.

Daniel Mercado, el responsable de Over Marketing, en sus declaraciones ante el juez el pasado mes de octubre, aseguró que no hizo nada en la etapa de Camps en la Generalitat pero sí en la de Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. También dijo haber trabajado en la campaña del PP. Precisamente la publicidad institucional de 2003 se produjo al final del periodo de interinidad abierto por la marcha de Zaplana al Ministerio de Trabajo —donde contrataría a Over Marketing una campaña sobre las pensiones de cara a los comicios generales de 2004, finalmente anulada por la Junta Electoral, con un presupuesto de más de siete millones de euros— y su sustitución provisional en el Consell por Olivas. “La sospecha es que pudo haberse desviado dinero público de la campaña institucional a otros fines, por ejemplo los del PP”, apuntó Ignacio Blanco.