El Gobierno de Madrid cede 1.000 pisos a Cáritas para alquilarlos a desahuciados

El Gobierno de Madrid ha puesto a disposición de Cáritas casi 1.000 viviendas públicas, recuperadas de ocupaciones ilegales, para que residan en ellas de forma temporal familias que hayan sido desahuciadas. Los nuevos inquilinos pagarán una media de 200 euros de alquiler por los pisos —que son viviendas vacías pertenecientes al parque de 23.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)—, aunque en "muchos casos" no será más de 40 euros, según el Ejecutivo regional. Para poner en práctica la iniciativa, ha firmado un convenio de cesión por un periodo de cinco años con la confederación de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica.

Se trata de viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados de superficie, ubicadas en 34 municipios de la región —la mitad de ellas en Madrid capital—, que podrán ser habitadas por familias designadas por Cáritas durante al menos cinco años, prorrogables en caso necesario. La situación de la familia se revisará una vez al año para ver si es convienen te que continúen en la vivienda o puede ser utilizada por otros afectados.

A la hora de conceder las viviendas, se analizará cada caso para dar prioridad a las situaciones más urgentes y a quienes tengan menores a su cargo o personas solas que se encuentren en riesgo de exclusión social. El acuerdo establece que personal voluntario de Cáritas realizará las obras de acondicionamiento necesarias para que las viviendas vuelvan a ser habitables, ya que muchas están deterioradas. Las primeras viviendas se espera que se entreguen antes de Navidad.

A la firma del acuerdo, adelantado por EL PAÍS el pasado día 5 —en un principio se iban a destinar menos viviendas, 800 y también se hablaba de la posibilidad de que concurrieran otras ONG, además de Cáritas—, ha acudido por parte del Gobierno regional su presidente, Ignacio González, y por parte de Cáritas su director en Madrid, Julio Beamonte. El presidente regional ha confiado en que próximamente se puedan incorporar a este convenio otras viviendas de propiedad pública que en este momento no se utilizan, pero ha recordado que el IVIMA "desgraciadamente también sufre el movimiento okupa" y eso impide de momento ampliar el parque del alquiler a desahuciados.

González ha admitido desconocer el número total de viviendas del IVIMA que están ocupadas ilegalmente, pero que le parece mal "aunque sea solo una", es algo que "no se debería tolerar". Por su parte, el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Pablo Cavero, ha negado que "actualmente" se estén produciendo "desahucios en viviendas del IVIMA".

Cáritas ha reiterado que el perfil de solicitantes de ayuda ha cambiado. Ahora son en su mayoría de familias monoparentales, donde el cabeza de familia tiene entre 40 y 50 años, es parado de larga duración, muchas veces español y titulado universitario, que ha sufrido una ruptura familiar y está en situación de exclusión. Para el responsable de Cáritas, la vivienda es un requisito fundamental para la integración porque sin ella "es difícil que haya familia" y porque su falta hace más complicado que una persona "recupere su dignidad y vuelva a ser útil en la sociedad".

González ha explicado que el acuerdo de hoy "contribuye a dar esperanza a muchas familias madrileñas que lo están pasando muy mal en momentos de crisis" y que se han visto privados de sus hogares porque no pueden pagarlos. "No estamos hablando de personas que no quieren pagar sus casas o que quieren instalarse ilegalmente en viviendas que no son suyas, sino de gente que en estos momentos no puede hacer frente a esos costes", ha subrayado. Según González, el IVIMA ha recudido a más de 5.000 inquilinos su alquiler una media de 40 euros mensuales.