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El Síndic advierte del efecto “disuasorio” de las nuevas tasas judiciales

Cholbi remite a la Defensora del Pueblo un informe para un posible recurso al Constitucional

La subida de las tasas judiciales aprobadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, preocupan al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. José Cholbi, que ha recibido una queja de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante en la muestra su rechazo por la reciente aprobación de la ley que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, advierte del efecto "disuasorio" que tendrán las nuevas tasas.

Cholbi ha trasladado a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la queja de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante, con un informe propio sobre las consecuencias que las nuevas tasas podrían tener entre los usuarios. Fuentes del Síndic recuerdan que Becerril es la única que tiene competencias para plantear un recurso de inconstitucionalidad, si lo considera oportuno.

Los Jóvenes Abogados consideran que la imposición de estas nuevas tasas dificulta en exceso el ejercicio del derecho a ejercer a la Justicia. Según afirman en su escrito de queja, “bajo ningún pretexto puede pretenderse descongestionar los juzgados a costa de la indefensión masiva e irreversible de los ciudadanos.”

Entre otros aspectos de esta normativa, Cholbi incide en el efecto "disuasorio" de las nuevas tasas, ya que son muchas las personas que no cumplen con los requisitos para tener derecho a la justicia gratuita y que, sin embargo, por las dificultades de pagar unas elevadas tasas, no van a poder acudir a la Justicia para ejercer sus derechos o defender sus intereses legítimos.

En algunos casos, el importe de la tasa es más elevado que la cuantía de lo que se discute en el procedimiento –multas de tráfico, liquidaciones tributarias de escasa cuantía, etc.-, lo que provocará que muchos asuntos de cuantía económica escasa no se puedan plantear ante la Justicia porque resulte antieconómico.

Asimismo, el Síndic también ha resaltado los elevados importes que contempla esta norma y que no distinguen entre la distinta capacidad económica de las personas que acuden a la Justicia. “A partir de ahora, todos tendrán que pagar las mismas cantidades con independencia de su nivel de ingresos”, ha concluido José Cholbi.