Una feria rescatada
Las dificultades de la institución obligan a la Generalitat a poner más de 68 millones de euros en solo dos años para la ampliación de un recinto que pierde visitantes
Feria Valencia es otro pozo sin fondo para la Generalitat. Al mismo ritmo que la afluencia de visitantes se desploma, ya que ha caído de los 996.157 de 2008 —año récord— a los 345.159 de 2010, según la Oficina de Estadística Municipal, se suceden las inyecciones de dinero de la Generalitat.
Los valencianos aportaron a través de los presupuestos autonómicos de 2012 unos 38 millones de euros al recinto ferial, la gran mayoría para pagar una macroampliación de las instalaciones que costó el doble de lo previsto. En 2013, un año de estrictas restricciones presupuestarias, la Generalitat destinará más de 30 millones de euros al rescate de la institución ferial.
Visto lo sucedido, ¿era precisa una ampliación tan ambiciosa cuando el negocio clásico ferial daba señales de agotamiento? En Feria de Valencia están convencidos: “Si la institución no hubiera acometido esa ampliación, hoy no sería una empresa viable”, remachan. Las obras, presupuestadas en principio en 325 millones de euros, se dispararon hasta los 600 millones de euros. Las obras se iniciaron en 1999 y estuvieron listas en 2006, un año antes del estallido de la crisis que todavía dura.
Los empresarios creen que la obra que se acometió fue un error
Los gestores del recinto insisten en su defensa de las obras: el calendario ferial se concentra en los cuatro primeros meses del año y en los tres últimos y el aumento de superficie en metros les permite simultanear dos ferias, estar desarmando una tercera y montar a la vez una cuarta. “La ampliación era necesaria”, insisten. De hecho, en 2008, el recinto batió récord de ocupación al comercializar un millón de metros cuadrados.
A pesar de lo que se señala oficialmente desde la institución ferial de Valencia, fuentes empresariales consideran que, vista en perspectiva, la enorme ampliación que se acometió hace una década fue un error. Sobre todo porque ya había indicios de que el futuro de la infraestructura no pasaba por ganar tamaño, aunque sí era necesario acometer una reforma para hacerla más operativa, más adaptable a las necesidades de cada certamen y evento. Crecer tanto en tamaño ha tenido como consecuencia que el coste financiero de las obras ahogue ahora a la Feria y que el propio mantenimiento de las instalaciones resulte muy gravoso.
El declive del negocio ferial ha ido parejo al hundimiento de los sectores industriales tradicionales. La crisis tocó de lleno al recinto a partir de 2007 y la institución entró en números rojos en 2009, con unas pérdidas de 2,7 millones de euros. Según dijo entonces el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, una quinta parte de los 13.000 clientes históricos de la institución cerraron o atravesaron un concurso de acreedores.
Los años posteriores no fueron mejores. En 2010, uno de los recintos más grandes de Europa cerró con nueve millones de pérdidas y en 2011, con 7,6 millones más. La Generalitat, que avaló la operación, tuvo que salir al rescate de una institución que no podía hacer frente a sus obligaciones financieras. Las arcas públicas financian desde entonces lo que le toca pagar por convenio, es decir los intereses, y lo que Feria Valencia no puede sufragar.
Este transatlántico comercial hizo aguas y se vio obligado a recortar gastos —despidió a 106 trabajadores— y renovó la dirección en febrero de 2012, con la entrada de Enrique Soto, un hombre de la confianza de la patronal de Valencia. Cinco meses después estaba listo un plan de negocio hasta 2020 que pretende devolver la feria a los beneficios en 2015.
Los empresarios reconocen, según las mismas fuentes, que el momento económico en que se aprobó la ampliación era muy diferente al actual y que la Comunidad Valenciana recibía por entonces mucho dinero procedente de los fondos Feder de la Unión Europea. Pero están convencidos de que un adecuado estudio previo habría aconsejado un proyecto distinto. Las fuentes defienden, en todo caso, la importancia de la Feria para el tejido productivo valenciano. Aunque plantean la necesidad de adoptar medidas enérgicas, como sería el alquiler de dos de los pabellones que cuentan con aparcamiento propio, y que podrían acoger, por ejemplo, grandes establecimientos comerciales de productos de consumo. El pabellón 7, uno de los más grandes con 40.000 metros cuadrados, se alquilaría de forma permanente a un grupo de empresas.
El Centro de Convenciones ha reforzado el equipo para competir por el negocio de los congresos, convenciones y eventos.
La Generalitat aportará solo entre 2012 y 2013 unos 68 millones al recinto
La profesora de la Universitat de València Haydeé Calderón, especializada en mercadotecnia internacional, coincide en que hace una década ya se intuía que el futuro de la Feria no pasaba por ganar tamaño. Aunque sí requería una remodelación, porque la infraestructura era de 1969.
Las ferias mantienen su vigencia, señala Calderón, porque ofrecen algunas ventajas esenciales, como el encuentro físico entre compradores y vendedores, “que permite interactuar y generar confianza”. También la posibilidad de que los compradores comparen toda la oferta de un sector en un mismo recinto. O que los vendedores puedan medirse con la competencia.
“Lo que sí está condenado a desaparecer probablemente es el modelo tradicional”, prosigue la investigadora. Hoy tiene mucho más sentido, como en algún caso ya ha hecho Feria Valencia, pasar de las ferias centradas en sectores a otras dedicadas a utilidades: el hábitat en vez del mueble, o los productos infantiles en vez del juguete. Y ello, añade, porque en 2012 lo normal es que una tienda de muebles venda también alfombras, lámparas o complementos del hogar. O que a la vez que juguetes se vendan cunas o incluso ropa infantil.
La experta apunta además a la necesidad de aprovechar Internet —las llamadas ferias on line— sin abandonar la parte presencial. Y enriquecer ésta con actividades formativas que sirvan de aliciente a potenciales asistentes. Calderón plantea la conveniencia de avanzar hacia un concierto entre los distintos recintos españoles, como ha ocurrido en Alemania, porque en ocasiones programan el mismo tipo de certamen hasta tres veces a lo largo del año. “Es entendible que las distintas ferias quieran amortizar sus instalaciones, pero se están canibalizando”, concluye.
Una institución rebelde para dar cuentas
Feria Valencia es una entidad rescatada con dinero público que no quiere someterse al control de la Sindicatura de Comptes, responsable de la fiscalización de los fondos públicos.
No siempre ha sido así. El tribunal de cuentas autonómico ya radiografió en su informe de 2009 la delicada situación en que se hallaba el recinto ferial. Desde el ejercicio de 2007/2008, Feria Valencia no había cumplido con el compromiso adoptado con la Generalitat de dotar el fondo de reserva para hacer frente a la amortización de una emisión de 227,5 millones de euros de obligaciones. Esta cuenta arrastraba en junio de 2009 “un déficit de 5 millones de euros”. La institución tampoco cumplió con el pago de 0,7 millones de euros para amortizar un préstamo obtenido del Banco Europeo de Inversiones por valor de 97,5 millones de euros. La Generalitat se hizo cargo entonces. La institución notificaba al Gobierno valenciano que debido a su situación económica no podía hacer frente al pago de sus compromisos. El Síndic pedía a la Generalitat que informase en las cuentas del riesgo que se mantiene con Feria Valencia y se comprometiese el pago a futuro de los 106,4 millones de euros que, según el convenio, la Generalitat se obligó a pagar en esta operación en concepto de intereses y comisiones financieras.
Fueron las últimas cuentas conocidas. En febrero de este año, el órgano fiscalizador denunciaba que Feria Valencia se negaba a facilitarle datos sobre la situación del contrato-programa suscrito en 2002 con la Generalitat para financiar la ampliación del recinto. El presidente de la Feria, Alberto Catalá, replicó que la institución no forma parte del sector público valenciano. Da igual las aportaciones de dinero público que recibe del Consell. “Feria Valencia está obligada a presentar sus cuentas” porque su regulación es propia del derecho público.
La institución ferial no ha proporcionado información sobre si ha recibido aportaciones públicas. El diputado socialista Francisco Toledo ha pedido sin éxito datos sobre el cumplimiento del contrato.
La Feria dice que su obligación es sufragar el 51% de la operación antes de que concluya el préstamo, por 25 años. La Consejería de Economía solo ha precisado que paga su parte y la que la institución no puede cubrir.
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