“Es un pulso de poder a poder”
Jueces y fiscales piden la dimisión de Gallardón por la subida de tasas judiciales
![Varios asistentes a la concentración de este viernes en la ciudad de la justicia de Valencia.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CVCKXYFCCDX7DIYXW6HA6WPBEM.jpg?auth=323cf595c1e2fcd321b5d4743897799170e0f4efaf58774d38396b13f3eac9cf&width=414)
"Es una reivindicación a nivel estatal de todo el colectivo judicial. Es un pulso de todo un poder del estado contra el otro", explicaba Francisco José Cervera, portavoz del sindicato CSI-F frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Allí, unos doscientos jueces, fiscales y funcionarios judiciales se han concentrado este viernes para pedir la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por la subida de tasas judiciales.
A gritos de "Gallardón, dimite, los fiscales no te admiten" o "Menos Gallardón y más Constitución", los asistentes han protestado contra el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que "perjudica a la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación actual de crisis". En un hecho excepcional, ya que es la primera vez que se junta toda la comunidad judicial, los concentrados clamaron "una justicia digna" con "para todos".
"Quieren crear una justicia de dos divisiones. Una para pobres y otra para ricos", exclamaba Marian Rubí, de CC OO, "que llevará a que no todo el mundo tenga acceso a la justicia". "Queremos que haya más medios, que haya tutela reconocida para todos los ciudadanos y que se respeten las ratios de personal y nuestro estatuto", remarcaba Cervera.
Francisco Alegre, responsable de UGT, declaró que con la nueva ley "lo único que se pretende, con la excusa de agilizar la justicia, es eliminar el acceso a la cultura de las clases medias y bajas". "Solo podrán introducirse los muy pobres porque les asistirá un abogado de oficio. El resto desistirá porque tendrán que pagar cantidades desorbitadas", expresó.
Según los manifestantes, esta nueva reforma supondría que, por ejemplo, para alegar una multa de tráfico de 100 euros se tendrán que pagar 200. Y un divorcio rondará los 1.200 euros. "A nosotros también nos afecta", añadió Alegre, "y han conseguido que nos unamos todos".
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