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Los discapacitados pasean su malestar por Alicante en su marcha hacia Valencia

Los colectivos presentaron en el Ayuntamiento un documento con sus reivindicaciones

Participantes en la Marcha por la discapacidad, ayer en el Mercado Central de Alicante.
Participantes en la Marcha por la discapacidad, ayer en el Mercado Central de Alicante.

Seguirán protestando hasta llegar a pie a las puertas de las Cortes Valencianas el próximo miércoles 28 de noviembre. La Marcha de la discapacidad por el respeto y la dignidad recaló este miércoles en Alicante donde unos 300 empleados, padres y usuarios de centros de discapacitados y enfermos mentales desfilaron por las principales calles del centro exigiendo que la Generalitat valenciana pague los atrasos a estas organizaciones.

La marcha se inició el pasado lunes en Villena para recorrer unos 200 kilómetros de las provincias de Alicante y Valencia antes de concluir en la plaza de la Virgen. Tras leer un manifiesto en la plaza del Mercado de Alicante, los participantes se dirigieron al Ayuntamiento para presentar en registro un documento con sus reivindicaciones.

La marcha inició su tercera etapa en la localidad de Aspe. Allí el secretario provincial del PSPV-PSOE, David Cerdán, que también es concejal, criticó que el Consell “esté deshumanizado y carente de sensibilidad” al no fijar un calendario de pagos y negociar el próximo modelo de financiación con los afectados.

Al mediodía en Alicante la marcha contó con el apoyo del concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento. Miguel Ángel Pavón que presentó una declaración institucional que se debatirá en el pleno de la próxima semana sobre las reivindicaciones de este colectivo. Pavón tildó de “indigno e inmoral” que la Generalitat no pague a los discapacitados. Por la tarde, la excursión siguió hasta Sant Vicent del Raspeig, donde pernoctaron en el centro ocupacional El Maigmó.

Estos colectivos reclaman al Consell que pague la deuda de unos 15 millones de euros que mantiene con los centros, y también que se modifique el nuevo modelo de financiación previsto para 2013, que conlleva un recorte por otros 15 millones, lo que afectará al servicio que se presta y al empleo. Actualmente, unas 200 entidades se dedican a los discapacitados y enfermos mentales, con unos 6.000 trabajadores y una población usuaria estimada en 25.000 personas.

A la deuda de 15 millones de euros, que corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Justicia, hay que añadir otra del Servef, por los cursos de formación que han hecho los centros, así como las subvenciones de la consejería de Educación a los colegios de educación especial, que tampoco han llegado.