El Gobierno denuncia a Girona y Figueres por alquilar trenes para la Diada

El Gobierno del PP quiere que los alcaldes convergentes de Girona y Figueres lamenten haber alquilado dos trenes a Renfe para trasladar a cientos de personas a la manifestación independentista del 11 de septiembre en Barcelona. La Delegación del Gobierno en Cataluña ha presentado un recurso contencioso contra ambos Consistorios porque el flete de trenes no fue “de interés público” y porque no es competencia municipal “contratar trenes para acudir a manifestaciones”, explicó una portavoz. Los dos alcaldes, ambos de CiU, recibieron ayer, a cuatro días de las elecciones catalanas, la citación para la vista judicial.

Carles Puigdemont, alcalde de Girona, y Santi Vila, de Figueres, respondieron con indignación contra un acto “político” y acusaron a la delegada, María Llanos de Luna, de deslealtad y de iniciar una “persecución ideológica” contra ellos.

Puigdemont y Vila decidieron fletar un tren para que los vecinos de Girona y Figueres pudieran acudir a la manifestación organizada por la Asamblea Nacional Catalana el pasado 11 de septiembre. Tras vender todos los billetes —520, a precios de 10 euros ida y vuelta para los adultos y de cinco para los niños—, los alcaldes alquilaron otro convoy. Los Consistorios no pusieron dinero del erario público y los beneficios que generó la iniciativa se donaron al Banco de Alimentos, que reparte comida entre los pobres.

La Generalitat salió ayer al paso en apoyo de los alcaldes. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, titular de Cercanías y Media Distancia de Renfe en Cataluña, envió una nota en la que aclaraba que fue la misma institución la que autorizó y facilitó la organización de los trenes para garantizar el “derecho a la movilidad”. Enric Millo, candidato del PP en las autonómicas del 25-N por Girona, respondió que los políticos de Convergència creen erróneamente “que el Estado va contra ellos”.

“Intentan presentarnos como alcaldes radicales que no tienen rubor en saltarse la ley”, manifestó Vila. La Delegación del Gobierno negó que el acto tenga una “lectura política”. Con el recurso, el Estado pretende que se anule el contrato aprobado en sendos plenos municipales. Según Millo, la delegada del Gobierno ordenó presentar el recurso el 12 de septiembre, tras el informe de la Abogacía del Estado, por lo que “no se trata de un acto electoralista”, ya que se decidió antes de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anticipara las elecciones.

No es la primera vez que el Estado denuncia a un municipio por una iniciativa identitaria en Cataluña. La Delegación del Gobierno recurrió en 2009 la consulta independentista organizada por el Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) por vulnerar la competencia exclusiva del Estado sobre la convocatoria de referendos.