Mas acusa al Estado de manipular pruebas para perjudicarle el 25-N
El líder de CiU confía en que “la fabricación de calumnias” mejore su resultado “Están haciendo todo lo que pueden para reorientar la voluntad popular” “En Cataluña hay mucha gente que les está viendo el plumero con esto”
Convergència i Unió completó ayer un relato con el que prevé sacar réditos electorales, pero que abre un camino de difícil retorno en las relaciones entre la federación nacionalista, que manda en el Ejecutivo catalán, y el Gobierno. El presidente de la Generalitat y candidato de CiU a las elecciones del próximo domingo, Artur Mas, ha hecho suyo el lema de que la mejor defensa es un buen ataque para reaccionar a las nuevas acusaciones de corrupción. Mas completó ayer la jugada planteando (sin afirmarlo categóricamente) que la policía ha creado pruebas falsas contra él, desde las estructuras del Estado, para modificar el resultado electoral y perjudicarle en su carrera para ser reelegido presidente y llevar a Cataluña hacia una consulta por la autodeterminación.
“Si nadie se hace responsable de nada y solo hay calumnias e infamias, quizás es que aquí se están fabricando teóricas pruebas para ver si se puede alterar el resultado de unas elecciones”, afirmó ayer Mas en un mitin en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). “Están haciendo todo lo que pueden para ver si pueden reorientar la voluntad popular”, añadió. El líder nacionalista pidió el voto para CiU con el fin de “dejar las cosas claras” a quienes fabrican esas pruebas falsas. Mas nunca acusa a nadie en concreto: en cada mitin se limita a expresar su “sorpresa” por el desconocimiento del informe policial en el que se escuda el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Las palabras de Mas completan la denuncia que Convergència Democràtica, el socio mayor de la federación nacionalista, presentó en la fiscalía contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía por delito electoral. A ellas se suman dos querellas más, presentadas también ayer por Felip Puig, consejero de Interior de la Generalitat, y los Mossos d’Esquadra, y otras dos, de Pujol y Mas, entregadas el lunes. Las cuatro querellas van dirigidas contra El Mundo y los periodistas que firman las informaciones que relacionan a Mas, Pujol y sus familias, además de Puig, con el caso Palau.
Convergència tuvo claro desde el principio que debía actuar con contundencia ante las nuevas acusaciones de corrupción. Vio en las informaciones sobre el “borrador” policial una vía para mejorar sus expectativas electorales, ahora lejos de la mayoría absoluta (68 escaños) que se fijó como objetivo al convocar los comicios del 25-N. El propio Mas reconoció ayer, en una entrevista a Onda Cero, que las acusaciones pueden funcionar como un boomerang. El líder nacionalista insistió en que el objetivo de las informaciones es “destruirle” —como repite en cada mitin—, pero que el efecto puede ser el inverso y aumentar el “voto prestado” a CiU para alcanzar “una mayoría muy clara”. “En Cataluña hay mucha gente que les está viendo el plumero con todo esto, que no tiene ni pies ni cabeza”, mantuvo. CiU entiende el voto prestado como todos los sufragios de personas que no votarían a la federación nacionalista en circunstancias normales, pero confiarán en sus siglas por su apuesta por el Estado propio.
Las sugerencias de una manipulación interesada de pruebas para afectar el proceso electoral completan el relato que Mas ha ido dibujando desde que aparecieron las primeras informaciones, el viernes pasado. El candidato tomó buena nota de lo sucedido en 1984, cuando Jordi Pujol convirtió la querella contra él por el caso Banca Catalana en un ataque a Cataluña, y la estrategia le surgió efecto en forma de mayoría absoluta en el Parlamento autónomo. Mas ha tomado la misma senda, convirtiendo las acusaciones en su contra en “un ataque de las cloacas del Estado contra el presidente de la Generalitat por iniciar el camino hacia una consulta”. Un agravio que añade a la lista de “faltas de respeto” del resto de España hacia Cataluña que desgrana en cada mitin. El candidato de CiU ve lejos la mayoría absoluta, pero espera que la estrategia de autoproclamarse víctima del Estado le surja efecto el domingo.
Convergència denuncia por delito electoral a la policía
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) presentó ayer una denuncia ante la fiscalía contra los “funcionarios no identificados” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que, supuestamente, elaboraron un “borrador” que acusa al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de cobrar comisiones del caso Palau a través de cuentas en paraísos fiscales. El partido nacionalista acusa a los funcionarios policiales de delito electoral, al haber ocasionado a su candidato un “perjuicio incuestionable” en plena campaña catalana.
La difusión, por el diario El Mundo, del borrador policial "ha causado un estado de alarma social, ha conmovido a la sociedad catalana y ha puesto en grave riego nuestro sistema democrático", según la denuncia elaborada por el penalista Javier Melero, que ayer fue presentada en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además de un delito electoral, los funcionarios pueden haber incurrido, según el abogado, en los delitos de falsedad documental, usurpación de atribuciones judiciales, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
El contraataque de Mas en el plano judicial se plasma, además, en la petición de una serie de diligencias de gran calado. Así, la denuncia ante la fiscalía solicita la entrada y registro en las dependencias centrales de la UDEF, en Madrid, para “determinar la existencia de documentos e informes” relacionados con Convergència y, en su caso, intervenirlos. La formación nacionalista también solicita tener acceso y “clonar” los discos duros que figuren en la sede policial y que el Ministerio del Interior “informe de las investigaciones realizadas para aclarar la autoría del documento y su entrega a los periodistas”.
A la denuncia contra los funcionarios ante la fiscalía se suman otras cuatro querellas presentadas en los juzgados de Barcelona por injurias y calumnias. Mas; su antecesor en el cargo, Jordi Pujol; el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, y los Mossos d’Esquadra se han querellado contra los dos periodistas que firman las informaciones. En su opinión, las noticias “contienen expresiones falsas y gravemente lesivas para el honor” de los afectados. Basado en extractos del supuesto borrador de la UDEF, el rotativo acusó a Mas y Pujol (y a sus familiares) de haberse enriquecido ilícitamente con las comisiones del Palau de la Música.
Lo que sí consta en el sumario del caso son indicios de que Convergència se financió de forma irregular a través del Palau. La constructora Ferrovial dio a la institución musical grandes sumas, que en realidad sirvieron para pagar comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. En el caso de Puig, el rotativo explicó que había recibido 250.000 euros del Palau. A los Mossos d’Esquadra, el borrador les acusa de haber intentado borrar pruebas que incriminaban a los líderes de Convergència y de habérselas ocultado al juez.
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