El PSOE pide limitar la responsabilidad de los ERE en Guerrero

El PSOE pretende borrar del dictamen de la investigación parlamentaria de los ERE todo rastro de responsabilidad de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. Como ya habían avanzado dirigentes socialistas, uno de los objetivos prioritarios del PSOE en el plazo, que acabó ayer, de alegaciones a la propuesta de síntesis presentada por el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), es fijar que el único responsable político del fraude es el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Los socialistas han registrado 41 enmiendas y son las dos últimas las que tratan de liberar a Viera y Fernández, así como al exviceconsejero Agustín Barberá. El PSOE ha pedido suprimir del texto de las conclusiones el párrafo 185.3, el que considera que los dos exconsejeros fueron “muñidores” del convenio que permitió la entrega fraudulenta de las ayudas públicas y “autores intelectuales del diseño administrativo y presupuestario” que permitió la falta de controles.

Los populares piden que elevar  la responsabilidad del fraude en las ayudas a Griñán y Chaves

Los socialistas pretenden también eliminar el párrafo inmediatamente anterior, que considera que Fernández, en su etapa de viceconsejero, y Barberá permitieron actuar a Guerrero “sin ningún control y en total libertad”.

Minimizar las críticas del dictamen final a la falta de comunicación entre distintos departamentos del Gobierno andaluz y al déficit de los controles sobre las ayudas públicas es otro de los objetivos de las enmiendas socialistas. Así, proponen eliminar el párrafo 161, que censura la “tremenda falta de coordinación y control” entre las consejerías; o el párrafo 156, que habla de la “opacidad” por la que se rigió la concesión de ayudas a empresas. Sobre esto último, el PSOE niega la mayor y quiere que el dictamen asuma que las partidas destinadas a estas ayudas eran “fondos conocidos”.

A las enmiendas de los socialistas se suman otras 25 presentadas por el PP, que defiende que la responsabilidad política del fraude alcanza a la cúpula del Gobierno andaluz, con José Antonio Griñán y Manuel Chaves a la cabeza. Además de al presidente y su antecesor, los populares señalan a otros 14 cargos políticos: el exvicepresidente Gaspar Zarrías; los exconsejeros Viera, Fernández y Manuel Recio; los exviceconsejeros Barberá y Justo Mañas; y los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Por la “participación activa” de la agencia IDEA en la concesión y gestión de las ayudas, el PP también ve responsables a los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler y a quien actualmente ocupa el cargo, Antonio Ávila. Los populares tampoco eximen de culpa a la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y a la actual, Carmen Martínez Aguayo.

Izquierda Unida no ha presentado alegaciones. El informe de conclusiones definitivas tiene que estar listo mañana.