“Tú sentarse, ahora pasar chica”

La Nochebuena de 2009, Yanli Z. acudió a comisaría y denunció la desaparición de su hija, menor de edad. Sospechaba que había caído en manos de una organización criminal china dedicada a la explotación sexual de mujeres. Acertó. Su testimonio y la investigación posterior permitieron desarticular una trama que controlaba una treintena de prostíbulos —la mayoría, en viviendas particulares— de Barcelona y su área metropolitana. La juez ha dado por cerrado el caso y ha procesado a 38 personas por ofrecer servicios sexuales de niñas, algunas de 13 años.

La hija de Yanli Z. aparecía involucrada en un intento de compra con tarjetas de crédito falsificadas en la Fnac. Más tarde, la policía dio con ella por casualidad: sufrió un accidente de tráfico en un coche en el que viajaba junto a otras dos menores y dos adultos. En su declaración, las niñas afirmaron que se dirigían al Maileidi, un karaoke situado en un polígono industrial de Sant Adrià de Besòs. El local resultó ser el centro de operaciones de la red: desde allí, dice la juez en su auto, se enviaba a menores a la pensión Yindu, en la vecina Santa Coloma de Gramenet.

Un hombre apareció en comisaría para recoger a las dos menores (de 13 y 15 años) que acompañaban a la hija de Yanli. La policía le investigó y descubrió algo interesante: regentaba varios prostíbulos en los que se habían registrado incidentes violentos, ofrecía servicios de menores y mantenía fuertes vínculos con otros proxenetas, también chinos. A partir de ese hilo, la investigación descubrió una trama liderada desde el Maileidi por Hai L. y Quan L. Ellos “imponían las condiciones” para ejercer la prostitución y “daban pautas” al resto.

El trasiego de mujeres —de su país de origen a Barcelona, de un meublé a otro— era constante. Así se desprende de las llamadas telefónicas intervenidas. En una de ellas, un imputado ofrece a una joven de 13 años para prostituirse en un piso de la avenida Meridiana. Quan L. le pide que se asegure si sus padres están al corriente del asunto y le permiten que trabaje allí. En los seguimientos, la policía detectó el traslado de una joven de 16 años desde el karaoke hasta la pensión a las tres de la madrugada.

Los registros también depararon sorpresas. En el karaoke, la policía halló un hacha, un martillo, y unas bolsas de plástico con polvo blanco escondidas en el carrito de un bebé de cuatro meses, hijo de Quan L. En otro local, en la calle Entença —la mayoría de prostíbulos están en el Eixample— los policías hallaron una anotación manuscrita para exhibir a los clientes por las dificultades del idioma: “Tú sentarse, ahora pasar chica”.

Los pinchazos telefónicos, una de las principales pruebas para el juicio oral, ponen en evidencia la conexión entre los proxenetas y la actividad de la banda para intercambiar mujeres e imponer sus condiciones. “Intercambiaban encargados y prostitutas”, concluye la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, en su auto de procesamiento. Los miembros de la red mafiosa se quedaban con parte del dinero que ganaban las mujeres y, en ocasiones, “aprovechaban su situación de desamparo y vulnerabilidad”, ya que la mayoría de ellas se encontraba en situación irregular y desconocía el idioma.

Algunas conversaciones son elocuentes. La encargada del burdel de la avenida Meridiana informa a un cliente potencial interesado en unos “masajes” de que “el timbre del local es azul” y hay “tres chicas nuevas”. Otro de los imputados pide que se busque a un cliente para “pasar la noche” con una chica china que había llegado al día anterior desde aquel país. En las llamadas discuten sobre dinero: se preguntan cuándo puede cobrarse a personas que pretenden viajar a Francia en situación irregular; también, sobre el coste de traer a dos chicas de las que, dicen, “tienen las fotos y son muy guapas”. Uno de los imputados admite que ha tenido que “asustar” a dos jóvenes para devolver la deuda que, al viajar a España, habían contraído con la organización criminal. Otro presunto proxeneta recomienda retirar los pasaportes a dos mujeres que adeudan 6.000 euros para que así “no puedan irse”.

Todos los imputados —propietarios, encargados de los prostíbulos y transportistas— son de origen chino. Hay confusiones en algunos nombres, que aparecen citados de dos y hasta de tres formas distintas. Solo uno de los procesados es español, César L. Según la juez, se encargaba de “elaborar la publicidad” de los prostíbulos. Los miembros de la banda también aluden a él para conseguir chicas españolas que quieran acostarse con clientes chinos.

La juez investigó el papel de un agente de los Mossos d’Esquadra y un concejal de Sant Adrià por haber alertado a la mafia china sobre la operación policial. Ninguno de ellos, sin embargo, ha sido procesado. Hai L., uno de los capos, ordena a un subordinado que prepare a una mujer a las 17 horas “para el cliente del Ayuntamiento”.

La juez cree que la red estuvo activa en 2011 y llegó a controlar 25 locales, 15 en Barcelona y el resto en el área metropolitana. Y concluye que hay indicios para procesar a los proxenetas —nueve de ellos siguen en prisión provisional— por tráfico de seres humanos, inmigración ilegal, lucro con la prostitución ajena, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.