Otro proyecto de Sevilla en el aire

El director ejecutivo de la obra social de La Caixa, Jaime Lanaspa, pidió una reunión hace unos días con el consejero de Cultura y Deportes, Luciano Alonso. El encuentro se programó para el martes. “Pensé que vendría a apremiarme porque el Ayuntamiento no terminaba de dar la licencia de obras para el Caixafórum”, recuerda Alonso. Pero Lanaspa sorprendió al consejero comunicándole la decisión de trasladar a la Torre Pelli el gran centro cultural que iba a construir en las Reales Atarazanas de Sevilla.

Alonso resume con crudeza la situación: “Andalucía y Sevilla iban a contar con un Caixafórum único. Ahora tienen un proyecto sin definir en una torre sin terminar”. Desde que saltó la noticia, la Junta y el Ayuntamiento se han enredado en un intercambio de reproches en los que cada administración culpa a la otra de la decisión de La Caixa, que iba a invertir 25 millones de euros para restaurar las Atarazanas (propiedad de la Junta de Andalucía) y había comprometido otros cuatro millones anuales para actividades culturales durante los 75 años de vigencia del convenio de cesión del edificio firmado con la Consejería de Cultura.

El gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido culpa a la Junta de haber incumplido varios requisitos urbanísticos al impulsar la restauración de este edificio medieval. Entre otros, dar el visto bueno al proyecto sin que existiera un plan especial, un paso preceptivo en edificios protegidos según el PGOU. Sin embargo, un informe firmado en enero de este año por el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Salazar, concluyó que podía continuar la tramitación de la licencia municipal de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”.

La Junta, por su parte, está convencida de que el gobierno municipal ha demorado un año la concesión de la licencia de obras y que eso ha sido crucial para que La Caixa cambiara de idea. “Zoido no ha hecho más que poner dificultades: decir que hacía falta un plan especial, luego que no, luego que podía poner en peligro la declaración de Patrimonio de la Humanidad...”, lamenta Alonso, que asegura que el Gobierno andaluz hizo todo lo que estaba en su mano para atar el proyecto, incluso cambió la ley de Patrimonio Histórico a petición de la entidad para ampliar de 50 a 75 años el plazo máximo de cesión de un inmueble protegido.

“En ese convenio, pusimos compromiso, dinero e ilusión”, lamenta el consejero, que advierte que su departamento está “estudiando con lupa” el acuerdo para ver si hubiera un incumplimiento por parte del banco. “Andalucía y Sevilla se merecen un respeto. Los convenios están para cumplirse”, sostiene Alonso.

El gobierno municipal de Zoido, a la vez que culpaba a la Junta de la decisión de La Caixa, defendía el cambio de idea de la entidad. “Hoy es un día muy importante para Sevilla”, anunció el alcalde el pasado martes, tras conocer que el Caixafórum se instalará en la Torre Pelli. La misma torre que el PP intentó frenar antes y después de llegar al gobierno municipal y que ahora defiende como uno de los grandes futuros activos de la ciudad.

El fiasco de las Atarazanas y los cambios de opinión sobre el rascacielos diseñado por César Pelli son los dos principales ejemplos de los vaivenes en la política urbanística del gobierno de Zoido. Pero no los únicos. La segunda tienda de Ikea —en la zona de San Nicolás Oeste, cerca del aeropuerto— que Zoido en campaña prometió desbloquear en “dos semanas” si llegaba al gobierno estuvo a punto de irse al traste porque las pretensiones de la multinacional excedían las limitaciones del PGOU. Al final, el Ayuntamiento y la empresa llegaron a un acuerdo por el que Ikea adaptaría su proyecto a los condicionantes del Plan General.

Peor resultado dio la negociación con Decathlon, que tenía ya comprometida la construcción de un centro deportivo y una tienda en los alrededores del Estadio de la Cartuja y que terminó cansándose de esperar a que se cambiara el PGOU. El gobierno de Zoido acabó accediendo a cambiar el Plan General pero, para entonces, la empresa ya había renunciado a ubicarse en la Cartuja y la inversión de 18 millones de euros y los 180 empleos directos que iba a generar se esfumaron de la ciudad.

La gestIón de la Gerencia de Urbanismo en algunos de estos proyectos han merecido las críticas de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), cuyo presidente, Miguel Rus, reprochó hace dos meses al gobierno municipal que hubiera dejado escapar importantes inversiones. También han cargado duramente contra las dudas urbanísticas del gobierno municipal algunos arquitectos, que advierten que estas situaciones generan una inseguridad jurídica que espanta a los inversores.

El arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, autor del diseño elegido por La Caixa para su centro cultural en las Atarazanas, admite que la decisión anunciada esta semana le produce “una frustración enorme”. Su estudio, con un equipo formado por ingenieros, arquitectos y arqueólogos, ha trabajado en este proyecto desde 2009. “Son tres años volcados para ahora tirarlo a la basura”, afirma Vázquez Consuegra. El diseño estaba pensado para las Atarazanas y el arquitecto descarta que se pueda reutilizar en la Torre Pelli, donde, por otra parte, todavía no está decidido si el centro cultural se ubicará en el rascacielos o en un pabellón anexo.

Vázquez Consuegra, que se enteró de la decisión el pasado martes por la prensa, culpa del cambio de ubicación a las “dilaciones” del Ayuntamiento para otorgar la licencia de obras. “Con esta decisión perdemos todos”, asegura el arquitecto. “Pierde La Caixa porque no es lo mismo instalarse en el centro histórico que en la torre; pierden las Atarazanas porque ya tenían resuelto su futuro; y sobre todo pierde la ciudad porque el proyecto iba a suponer una reactivación del tejido urbano en el entorno del edificio”.