Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La presidencia de la comisión de los ERE propone responsabilizar a Viera

La ponencia síntesis considera al diputado socialista y al exconsejero Antonio Fernández los "autores intelectuales del diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles"

Viera, el día que anunció su renuncia como responsable del PSOE de Sevilla.
Viera, el día que anunció su renuncia como responsable del PSOE de Sevilla.

Los peores temores del PSOE se cumplieron ayer en la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE. La presidencia de la comisión propuso responsabilizar del fraude a José Antonio Viera, diputado a Cortes socialista y exconsejero de Empleo, junto al exconsejero imputado Antonio Fernández. El presidente, Ignacio García (IU), les considera máximos responsables de las irregularidades investigadas, y ha elaborado durante esta semana una propuesta de síntesis que aúna las conclusiones de los tres partidos (PSOE, PP e IU) sobre el fraude, cinco meses después de la creación de la comisión parlamentaria.

Todo apunta de este modo a que la comisión aprobará la censura de los exconsejeros, ya que IU y PP poseen mayoría en el grupo de trabajo y tienen la llave que pondrá en un serio aprieto al PSOE, socio de gobierno de IU en la Junta. Sin embargo, los socialistas ya han avanzado que no exigirán la dimisión de Viera, ya que consideran que la responsabilidad política no le afecta. Y Viera, por su parte, ya ha avanzado que no piensa dimitir pese a la intención del Parlamento de censurar su gestión.

La ponencia síntesis fija tres niveles de responsabilidades políticas: la de Javier Guerrero como director general de Trabajo y principal imputado del caso, la del exviceconsejero Agustín Barberá y finalmente la de los exconsejeros Fernández y Viera, según informó ayer Efe. Los consejeros socialistas fueron “muñidores” del convenio que permitió las ayudas públicas, y “autores intelectuales del diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles”, según el presidente, que ha elaborado su propuesta junto al abogado de la comisión, Plácido Fernández-Viagas.

Las conclusiones de García coinciden en gran parte con las propuestas por su grupo parlamentario de Izquierda Unida. La lógica de esta coincidencia reside en que es necesario un mínimo consenso entre los grupos políticos, ya que las 128 páginas y sus párrafos sobre el fraude elaborados deben ser aprobados por al menos dos de los grupos políticos. Y la coalición de izquierdas está en su dictamen a medio camino entre la propuesta severa del PP y el dictamen tibio del PSOE.

Desde ayer, ya hasta el próximo día 20 los tres grupos políticos disponen de tres días para presentar enmiendas por escrito a la ponencia síntesis de la presidencia de la comisión. Es decir, PSOE, PP e IU presentarán sus discrepancias argumentadas al documento de García. Al PP le parecerá previsiblemente que la responsabilidad debe elevarse al presidente de la Junta, José Antonio Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves, además de otros 13 cargos políticos. Mientras, el PSOE prevé estimar exagerada la propuesta y pedirá que se reduzca la responsabilidad a Guerrero como firmante de las autorizaciones de las ayudas. “La responsabilidad de Chaves y Griñán se quedará en enmiendas, pero nunca las eliminaremos porque al margen de que estamos convencidos de su papel decisivo, podrían resultar imputados en el caso judicial, entre otras razones de peso”, argumentaron anoche fuentes del PP sobre sus propuestas de modificación.

La presidencia de la comisión subraya que ni Viera ni Fernández “acertaron en la elección y confirmación de las personas que gestionaban la partida presupuestaria destinada a las ayudas a los prejubilados y a empresas en crisis”. Añade que el exviceconsejero permitió actuar “sin ningún control y en total libertad” a Guerrero, al que acusa de tomar decisiones que “se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etcétera”.

La comisión parlamentaria recomienda por último al Gobierno que “con la máxima diligencia” recupere los fondos defraudados y reduzca los “excesivos márgenes de discrecionalidad” en las ayudas en los ERE.