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El alcalde de Sevilla denuncia a Monteseirín y a Torrijos por malversación

El PP lleva al juez irregularidades en la gestión de la Fundación DeSevilla del anterior gobierno

Alfredo Sánchez Monteseirín, en el Ayuntamiento. Ampliar foto
Alfredo Sánchez Monteseirín, en el Ayuntamiento.

El gobierno municipal de Sevilla, con mayoría absoluta del PP, ha denunciado por presuntos delitos societarios, malversación de y apropiación indebida al anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y al ex primer teniente de alcalde y actual portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La denuncia incluye también a una decena de ex concejales que formaron parte del patronato de la Fundación DeSevilla, entre ellos, los socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Rosamar Prieto y Emilio Carrillo o el ex delegado municipal de Economía Jon Ander Sánchez (IU).

 El escrito presentado por el gobierno local en los Juzgados detalla numerosas supuestas irregularidades en la gestión de proyectos en los que participó la fundación. Según la denuncia, el anterior gobierno municipal (PSOE e IU) presentó y dotó económicamente como programas de cooperación actividades con fines políticos o que nunca llegaron a ejecutarse. El escrito recoge, entre otras partidas no justificadas, una de 990.00 euros entregados a Cuba, Nicaragua y Colombia teóricamente para ayuda al desarrollo pero tras los que, según el PP, había “un fraudulento envío de fondos para suministro del régimen castrista y a plataformas comunistas”.

Antes de entrar en el gobierno municipal, el PP ya sembró dudas sobre la gestión de esta fundación. Y una de las primeras decisiones que adoptó tras la llegada de Juan Ignacio Zoido a la alcaldía fue liquidarla. Se basó en un estudio redactado por Manuel Blanco, ex director gerente de DeSevilla y actual director general de Mercasevilla, que calificaba la situación financiera de la entidad de “insostenible” y recomendaba su liquidación al haber cerrado 2010 con pérdidas superiores a 1,5 millones de euros.

En su denuncia, el actual equipo de gobierno cita entre las irregularidades detectadas un proyecto para rehabilitar un edificio y convertirlo en viviendas sociales. Se concedieron 120.196 euros, pero el inmueble nunca se rehabilitó y siguió siendo la casa de un coronel castrista. El escrito enumera otras subvenciones dudosas, como una de 64.373 euros para la compra y colocación de una incineradora en el cementerio de Colón, en la Habana. Según el expediente de la fundación, la incineradora finalmente se hizo con un donativo recibido desde Valencia, pero la fundación firmó una factura por 59.624 euros fechada 10 meses antes de que Torrijos concediera la subvención.

La denuncia recoge también que mientras la fundación dejó de pagar indemnizaciones a trabajadores despedidos, crecían “de forma desmesurada” las contrataciones de militantes de IU.