“¡Esto es un grito social, basta ya!”

Los ciudadanos se convirtieron ayer en protagonistas de la segunda huelga general convocada, en menos de un año, contra el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Una riada de personas inundó durante la tarde las principales avenidas de Valencia y Alicante para expresar su desesperación por los recortes presupuestarios y el deterioro de la situación económica. Una situación que en la Comunidad Valenciana se ha traducido en casi 600.000 parados, miles de desahucios ejecutados e impagos millonarios. Ese malestar convirtió las manifestaciones de Valencia y Alicante en unas de las más multitudinarias de la historia reciente. Dos horas después de completar el recorrido la cabecera todavía esperaban la salida miles de personas en la manifestación de Valencia. Y lo mismo sucedió en Alicante.

Los convocantes cifraron la participación en 350.000 personas en Valencia, 150.000 en Alicante y 40.000 en Castellón. La Policía Local de Alicante rebajó la asistencia a 35.000 personas. En Valencia fuentes policiales calcularon 50.000 manifestantes y en Castellón 15.500.

En las marchas participaron colectivos muy dispares. Farmacéuticos, grupos del 15-M, plataformas en defensa de los servicios públicos y colectivos de empleados públicos se sumaron, entre otros, a miles de ciudadanos anónimos convocados por los sindicatos.

“Me manifiesto por solidaridad, porque si los recortes no te tocan hoy te tocarán mañana”, explicó Francisco, profesor de Primaria, “¡Esto es un grito social, basta ya!”. Gloria, empleada de Correos desfiló con una bandera de Islandia para demostrar que hay otras soluciones a la crisis. “Yo no he hecho la huelga, pero vengo a manifestarme”.

Durante la mañana, en las grandes urbes, la ciudadanía ejerció de mayoría silenciosa. Miles de ciudadanos evitaron en lo posible los desplazamientos, dejaron a los niños en casa con los abuelos y, quienes decidieron acudir a trabajar lo hicieron con las persianas bajadas o levantadas, pero en silencio. Muchos con miedo a perder el trabajo, y otros tantos con el temor a perder unas ventas necesarias para llegar a fin de mes.

El resultado fue un extraño ambiente dominical, especialmente en las capitales, con un elevado número de comercios abiertos pero sin consumidores. Tanto que algunos comercios echaron el cierre a mediodía y no volvieron a abrir.

El silencio matinal solo se vio alterado en los centros urbanos por las bocinas de los piquetes —organizados por sindicalistas y plataformas ciudadanas hartas de los recortes y los impagos— y tres altercados entre estudiantes y policías en distintos puntos de Valencia que se saldaron con 23 detenciones (dos de menores) y seis heridos por contusiones (tres policías y tres manifestantes). Al acabar la tarde, 21 de los detenidos ya habían sido puesto en libertad.

Durante la tarde, una avalancha de ciudadanos tradujo el silencio en malestar y lo exteriorizó con masivas manifestaciones celebradas en Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Alcoi y otras ciudades donde hubo concentraciones a lo largo del día.

Previamente, los sindicatos habían cumplido de madrugada con su objetivo de paralizar las grandes industrias, los centros de abastecimiento, el transporte y los principales servicios públicos. Así, en puertos y aeropuertos y en grandes factorías como Ford la actividad fue mínima. En los polígonos, las pequeñas y medianas empresas que todavía resisten a la crisis trabajaron con las persianas bajadas. En la Administración pública el seguimiento fue mayor que en el paro general del 29 de marzo, porque funcionarios hartos de recortes salariales y empleados públicos amenazados por el despido o la privatización secundaron mayoritariamente la convocatoria.

CC OO, UGT e Intersindical Valenciana cifraron el seguimiento de la huelga en un porcentaje superior al 75% y la delegación del Gobierno lo situó por debajo del 20%. Y es que el Partido Popular se empeñó en intentar transmitir una imagen de normalidad que no existió. Por la mañana, la práctica totalidad de la bancada popular —incluidos aquellos que no suelen acudir, como el expresidente Francisco Camps— acudió a las Cortes para tramitar el decreto ley de reestructuración del sector público de la Generalitat. Media docena de diputados socialistas acudió para fijar posición. Compromís y Esquerra Unida se ausentaron para sumarse al 14-N. El resultado fue un hemiciclo medio vacío, que rozó el surrealismo cuando el PP se quedó solo para aprobar sus iniciativas