Los abogados levantan la voz contra el copago disuasorio en la justicia

En 2002 el Tribunal Supremo condenó a un hospital de Madrid a pagar 600.000 euros a unos padres que denunciaron una negligencia médica en un parto que dejó a su hija con graves daños cerebrales. De haber estado en vigor la Ley de Tasas Judiciales que tramita el Gobierno, esos padres deberían haber pagado 11.300 euros solo para presentar las demandas y llegar hasta el Supremo. Es uno de los ejemplos que da el Colegio de Abogados de Valencia para rechazar de lleno las tasas. Pero da más: un jubilado que pierda ahorros de 60.000 euros engañado por las preferentes debería pagar otros 600 (le quedarían 200 de su pensión) para llevar el caso por la vía civil. Y hay más. Desde el Colegio aseguran que en lo contencioso-administrativo está “muy claro” que la tasa “sería directamente disuasoria, con la inmediata consecuencia de la impunidad del Estado”, ya que ninguna Administración pagaría las tasas.

Cerca de 400 abogados de toda la comunidad se concentraron este lunes a las puertas de las sedes judiciales de Valencia, Alicante y Castellón para protestar contra estas tasas que consideran “disuasorias” y criticar que no se haya contado con ellos para buscar alternativas.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, destacó que la medida se ha tomado por “la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora” y destacó que “es erróneo intentar evitar el acceso a la Justicia poniendo impedimentos de carácter económico”. “El Gobierno debería escuchar al menos la voz de los actores que intervienen en la Justicia”, dijo.

En Castellón, la protesta fue respaldada por un centenar de letrados. “Aunque parezca demagógico no lo es, porque no es que habrá una justicia para ricos y otra para pobres, pero sí una justicia a la que podrán acceder quienes tengan recursos”, dijo el decano, Antonio Esteban. Será la clase media la más perjudicada. El proyecto de ley impone tasas (salvo en lo penal) y solo se librarán de ellas quienes tengan derecho a la justicia gratuita. Es decir, que la unidad familiar ingrese menos de 1.100 euros. “Es inadmisible”, recalcó el decano de Castellón. El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, respaldó la protesta. “Por más que las tasas en momentos puntuales puedan servir, no es el método adecuado, lo que se requiere es que el presupuesto esté a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, también mostró su reticencia a las tasas del Gobierno, aunque con otros argumentos. “Desde la perspectiva del Consell son unas tasas que no van a financiar la justicia valenciana, me hubiese gustado más que sirvieran para ello. Como no va a ser así, no es precisamente nuestro modelo”, dijo en un acto en Castellón. El consejero sí abogó por las tasas que va a aprobar el Consell: “Son muy moderadas y prudentes, no más de 95 euros y con exenciones del 50%”. El objetivo es recaudar “en el mejor de los casos” entre siete u ocho millones.