El PSC denuncia a la Generalitat por hacer electoralismo con la justicia
El líder socialista exige a Rajoy que pida perdón por el recurso del Estatuto
El Partit dels Socialistes (PSC) parece dispuesto a no dejar pasar ni una en esta campaña al Gobierno de CiU. Si hace unos días denunció ante la Junta Electoral la campaña de la Generalitat para fomentar la participación en las elecciones del 25-N, ahora ha impugnado un acto institucional organizado por el Departamento de Justicia en plena campaña.
Los socialistas catalanes han presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona en la que reclaman de manera urgente la suspensión de la celebración del Día de la Justicia, prevista para el día 19, y todos los actos programados con ese motivo. Se trata de un acto institucional instaurado por el Gobierno de Jordi Pujol en 2002 con el fin de favorecer el acercamiento de la Administración de justicia a los ciudadanos y destacar el valor de la justicia en un Estado de derecho, pero que desde entonces se ha celebrado siempre.
El Día de la Justicia no tiene una fecha establecida, sino que la decide cada año a su arbitrio el consejero de turno durante el año judicial, que se inicia el 1 de septiembre y finaliza el 31 de julio. Pilar Fernández Bozal firmó el pasado 6 de noviembre una resolución por la que acordaba que se celebraría el 19 de noviembre, en plena campaña electoral. Este año, además, está previsto entregar la medalla anual del reconocimiento profesional al Colegio de Procuradores de Barcelona.
EL PSC considera que la celebración de ese acto en plena campaña vulnera la ley electoral, en la que se prohíbe expresamente que desde la convocatoria de los comicios hasta el día de las eleciones se inauguren obras o servicios y se realicen actos que contengan alusiones a los logros obtenidos por el Gobierno. La denuncia de los socialistas argumenta que “hacer coincidir consciente y voluntariamente en plena campaña este día constituye un verdadero acto electoral” y más si, además, se aprovecha para entregar medallas de reconocimiento a algún colectivo jurídico.
Por lo demás, Pere Navarro no afloja. En su segundo día de campaña mantuvo la dureza verbal de su discurso. Si el viernes arremetió contra CiU por los casos de corrupción del Palau de la Música y de las ITV, ayer no tuvo miramientos con Mariano Rajoy, al que exigió que “si le queda algo de vergüenza, pida perdón” a los catalanes por cómo ha actuado el PP en los últimos años.
Ante más de 500 personas que asistieron a un acto electoral en Tarragona, el candidato socialista recordó que el PP recogió firmas contra el Estatuto catalán y presentó un recurso que desembocó en la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el texto. También reprochó al partido de Mariano Rajoy que promocionara una campaña de boicot a los productos catalanes en toda España y le acusó de “tensionar” el ambiente político. La consecuencia de todo ello ha sido, según Navarro, que Cataluña se ha convertido “en la mayor fábrica de independentistas de España”.
“Ha sido incapaz de cumplir ninguna de sus promesas electorales y ahora dice que quiere a Cataluña. Demuestra que tiene menos vergüenza que palabra”, dijo Navarro en referencia a Rajoy, al que también exigió que pida perdón a los homosexuales por el recurso que interpuso contra la ley que ha avalado el Tribunal Constitucional.
El exministro de Educación Ángel Gabilondo acompañó a Navarro en ese acto y centró su intervención en rebatir el discurso secesionista de Artur Mar. “No os queréis marchar y nosotros no queremos que os marchéis”, dijo, y pidió que se afronte “este asunto con libertad, equidad y solidaridad”. Gabilondo considera que “no hay salida si no es a través del federalismo” y reclamó a la derecha española y catalana: “No nos den lecciones de esfuerzo”.
Por su parte, el diputado Xavier Sabaté, cabeza de lista por Tarragona, acusó a Mas de “beneficiarse personalmente de la reducción del impuesto de sucesiones”, una de las primeras leyes que cambió el Gobierno de CiU. El candidato socialista reivindicó la gestión de los Gobiernos de Pasqual Maragall y de José Montilla en educación, sanidad e infraestructuras.
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