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La Princesa pelea su futuro

El hospital madrileño se enfrenta a la mayor amenaza en sus 160 años de historia Si se transforma en un centro "superespecializado" en mayores pierde 273.600 pacientes También terminaría su potencial docente e investigador

Elena G. Sevillano
Protesta el viernes pasado frente al hospital de La Princesa.
Protesta el viernes pasado frente al hospital de La Princesa.Carlos Rosillo

Los trabajadores —todos: desde la celadora hasta el jefe de servicio, pasando por el investigador y el médico residente— aún están en shock.Nadie se explica la decisión que anunció el miércoles el presidente regional, Ignacio González: el hospital de la Princesa, con 160 años de historia, con investigación puntera, hiperespecializado en áreas como la neurocirugía y la hematología, con centenares de estudiantes de medicina y enfermería en formación, se va a transformar en un centro “de alta especialización” en las patologías de los mayores de 75 años. No será “un geriátrico ni un centro de media y larga estancia”, según el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. ¿Qué será entonces? Nadie lo sabe. No existe precedente alguno.

El hospital de la Princesa, el centro público de alta complejidad mejor valorado por los pacientes en 2011, se desmantela para poner en marcha un proyecto del que ni siquiera el propio gerente estaba informado hasta el miércoles pasado. El hospital, situado en un edificio de 12 plantas en pleno centro de la capital, atiende a una población de 313.000 personas. Solo 39.400 —los mayores de 75 años— podrán seguir usándolo: el resto deberán cambiar de centro. ¿Qué consecuencias tendrá sumar 273.600 nuevos pacientes a las urgencias y las consultas de otros hospitales de la capital? Es una más de las muchas incógnitas que rodean esta decisión. Las respuestas de los responsables políticos suenan a improvisación: “En otros lugares”, respondió Lasquetty sobre dónde serán atendidos tras el cambio.

Las urgencias de La Princesa cerrarán. Desaparecerán servicios clínicos altamente especializados como neurocirugía, cirugía maxilofacial, torácica y cardiaca, según denuncia la junta técnico asistencial del centro (órgano que representa a sus profesionales). También parte de los laboratorios, y ello pese a que el año pasado la Comunidad de Madrid remodeló completamente el de microbiología (570.000 euros), que participa en un programa internacional sobre infecciones en trasplantados. “La Comunidad convierte al hospital de la Princesa en el primero de España con neurocirugía en 3D”, se promocionaba el Gobierno regional hace apenas un par de años. Solo el equipamiento costó cerca de un millón de euros. La reforma de la unidad de trasplante de médula se inauguró en enero pasado. Según la escasa información que manejan los profesionales, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la unidad coronaria y la de ictus —una de las únicas seis de la región— tampoco tienen sentido en un hospital para mayores de 75 años que ingresarían derivados del Gregorio Marañón y el Clínico.

El futuro de esas inversiones, de los múltiples proyectos de investigación en marcha, de las dos unidades de referencia nacional y de la docencia queda, por tanto, en el aire. “Como usuaria y contribuyente, espero que lo que se ha construido aquí no se pierda. Es una millonada en dinero público”, decía María Jesús, celadora, durante la asamblea que, el viernes pasado, reunió a centenares de trabajadores de todas las categorías en el abarrotado salón de actos del centro. Decidieron iniciar un encierro, que aún continúa, y empezar a organizarse para evitar el “desmantelamiento” de La Princesa. Llevan días, desde que conocieron la noticia, protestando y cortando el tráfico en la calle de Diego de León.

“Me volví de Estados Unidos porque creo en la sanidad pública. Sin laboratorio y sin pacientes yo no puedo investigar ni publicar”, dice Adrián McNicholl, especializado en enfermedades hepáticas. “El instituto de investigación tiene compromisos con el ministerio y con Europa. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Se pierde?”, se pregunta otro investigador que se dedica a la inmunología con un contrato posdoctoral Miguel Servet (Instituto de Salud Carlos III).

Cerca de 300 médicos residentes se forman cada año en La Princesa. “No sabemos qué pasará con nosotros, pero tengo claro que estar en un hospital sin unidades de investigación, sin docencia y sin urgencias no tiene sentido para mí”, dice Luis, residente de reumatología. “No se aprende lo mismo en un hospital geriátrico que en uno general. Sin servicios especializados no puedes potenciar la medicina interna”, señala otro residente, primero de su promoción, que escogió La Princesa entre todos los hospitales del Estado para formarse en esta especialidad. Los MIR, que eligen su plaza por oposición, ven el desmantelamiento del centro en el que tenían previsto especializarse durante cuatro o cinco años como una especie de fraude.

“Un tremendo problema”

 Además de estudiantes y residentes, la Universidad Autónoma de Madrid tiene a varias decenas de profesores (catedráticos, titulares, asociados...) en el hospital. “Creo que la decisión se ha tomado sin contar con que se trata de un hospital universitario”, opina el decano de Medicina Juan Antonio Vargas, que califica los planes del Gobierno regional de “sorpresa absolutamente negativa” y “un tremendo problema”. “No sé quién habrá participado en esto”, señala. “Si nos lo hubieran planteado, nuestra posición hubiera sido contraria. De hecho, haremos lo posible por evitarlo. Ojalá podamos revertirlo. Estamos obligados a intentarlo”, añade.

“Ahora mismo tenemos unas 200 camas cerradas, las mismas que tiene abiertas el hospital de Coslada \[de gestión semiprivada; uno de los seis que el Gobierno regional ha anunciado que privatizará completamente\]. ¿Hacía falta Coslada? ¿Lo abrieron para cerrar este?”, se pregunta un cirujano que trabaja en el centro desde 1999. “Todo lo que se les complica a ellos nos lo traen aquí”, añade. “Y resulta que nos cierran a nosotros”.

Los profesionales con los que ha hablado este diario, algunos de ellos directivos, repiten expresiones como “ocurrencia”, “improvisación”, “dislate”. “¿A quién se le ha ocurrido? ¿En base a qué estudios económicos, de eficiencia o de relación coste-beneficio?”, se pregunta uno de ellos. Muchos creen que el Gobierno regional dará marcha atrás cuando se dé cuenta de las consecuencias. Mientras tanto, los trabajadores seguirán saliendo a la calle con una pancarta donde se lee: “Defendemos tu salud”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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