Reabierta la investigación por el desalojo de los indignados en Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha obligado a reabrir la investigación judicial por el desalojo de los indignados de la plaza de Catalunya de Barcelona, el 27 de mayo de 2011. El juez de instrucción había archivado la causa al considerar que la actuación de los Mossos d’Esquadra aquella jornada fue “razonablemente proporcionada”. La Audiencia no entra a valorar el fondo del asunto, pero considera que el juez no motivó de forma suficiente su decisión y le obliga a pronunciarse sobre la necesidad de practicar nuevas diligencias.

Tras la brutal carga policial, más de un centenar de personas interpusieron una querella ante el juez. El director general de la policía catalana, Manel Prat, y la exconcejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, la socialista Assumpta Escarp, declararon como imputados junto a mandos policiales responsables del dispositivo. El juez concluyó que el uso de la fuerza fue “proporcional” y no hubo “muestras de extralimitación”, ya que los agentes propinaron la mayoría de golpes en “manos, brazos, glúteos y piernas”.

La Audiencia de Barcelona declara nulo el archivo porque carece de “un mínimo razonamiento”, lo que ha impedido a los denunciantes saber “los motivos por los que se acordó desestimar” la práctica de nuevas diligencias. El juez deberá decidir, “con plena libertad de criterio”, si acepta o no que se practiquen esas diligencias.

“Es una buena noticia en la lucha contra la impunidad policial”, valoró uno de los abogados de los indignados, Jaume Asens. A su juicio, la resolución “vuelve a poner en duda que la actuación de los Mossos fuera correcta, como dijo Puig”. El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, defendió a capa y espada la actuación policial, que se saldó con un centenar de heridos y relanzó las protestas del Movimiento 15-M en Barcelona.

Interior argumentó que había que “limpiar” la plaza para retirar objetos peligrosos que podían suponer una amenaza ante la inminente celebración de la Champions. Los indignados se negaron a abandonar el lugar y los antidisturbios cargaron. Algunas personas recibieron golpes mientras estaban sentadas en el suelo. Puig dijo que la policía solo había respondido a ataques. Pero un informe de la Fiscalía Superior de Cataluña calificó la carga de “desmesurada” y “desproporcionada”.

La mayoría de denuncias individuales de los indignados fueron archivadas. Prosperó, en cambio, una querella conjunta respaldada por un centenar de afectados. Según su relato, los policías les sometieron a un trato “intimidatorio, amenazante y vejatorio”. Además de las lesiones, los acampados acusaron a la Guardia Urbana de provocar “daños irreparables” en los objetos que fueron retirados de la plaza y llevados hasta un descampado.

Además de los responsables políticos, desfilaron ante el juez como imputados algunos de los mandos de los Mossos que aquel día estuvieron sobre el terreno: el jefe de dispositivos, Antoni Antolín, y el de los antidisturbios, David Bordas. El juez tomó declaración a los afectados, visionó decenas de horas de vídeo y evaluó si los policías —que no llevaban visible su número de identificación— vulneraron el derecho de reunión de los indignados. De las conversaciones entre el jefe de los Mossos en Barcelona, el comisario Joan Carles Molinero, y sus mandos se desprende, según el juez, que el objetivo era, efectivamente, limpiar la plaza. Los manifestantes disfrutaron después de “absoluta libertad deambulatoria”. Además, durante la actuación policial, algunos de ellos realizaron “actos de sabotaje y agresiones a los agentes”, concluyó el juez.