Las obras del auditorio de Teulada acumularon un sobrecoste del 53%

El auditorio de Teulada es el proyecto más emblemático y, al mismo tiempo, más polémico del Ayuntamiento de esta localidad de La Marina Alta. La primera característica está vinculada a la innovadora propuesta arquitectónica de la dotación, obra del arquitecto Francisco Mangado, que ha merecido el prestigioso premio internacional Chicago Athenaeum. La segunda está directamente relacionada con precio final de la construcción que se ha saldado con un sobrecoste del 53%. La licitación inicial de la obra se sacó por un montante de 6,7 millones euros, pero al final se han pagado 10,3 millones.

 El PSPV ha anunciado que tiene previsto en breve trasladar el expediente de la construcción de auditorio a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas para que investiguen todos los detalles de la operación. A juicio de los socialistas, los diferentes modificados que han provocado el incremento del precio de la dotación no están justificados como corresponde en este tipo de obras.

El alcalde de la localidad, Antoni Joan Bertomeu, del PP, rechaza cualquier irregularidad en la tramitación del expediente y justifica los modificados y el sobrecoste no con la obra en sí sino por el mobiliario y el equipamiento escénico que no estaban incluidos en proyecto inicial que se licitó. El regidor admite eso sí que la Generalitat Valenciana no ha cumplido el compromiso económico incluido en el convenio firmado entre ambas instituciones, extremo que ha obligado al Consistorio a recurrirá a dos préstamos por 9,7 millones de euros para pagar el centro cultural.

El auditorio de Teulada fue una iniciativa del exalcalde y actual vicepresidente del Consell, José Ciscar. Este adjudicó la obra en octubre de 2005 por 6.738.000 euros a la constructora San José, con el compromiso de que tenía que estar inaugurado en 2007. En paralelo a la adjudicación, Ciscar firmó un convenio con la Generalitat Valenciana para cofinanciar la obra. El Consell se comprometió a aportar 4.265.744 euros, distribuidos en siete anualidades hasta 2012. Mientras, el Ayuntamiento solicitó un crédito de 6.467.111,44 euros con intereses a su cargo para ejecutar esta ambiciosa obra. Ciscar dejó la alcaldía en marzo de 2009 para acceder al cargo de delegado del Consell en Alicante, en aquella época el auditorio ni estaba construido ni la Generalitat había cumplido con el pago de las dos primeras anualidades.

Bertomeu, sucesor de Ciscar en la alcaldía de Teulada, retomó el proyecto, dio luz verde a los distintos modificados y firmó un nuevo convenio con la Generalitat.

Tras pedir un aplazamiento de 11 meses, la constructora presentó un primer modificado que ascendía a 11,1 millones (un 65% de aumento). No obstante, en junio de 2009, el Consistorio da por recibido oficialmente la propuesta de la constructora y rebaja el incremento del modificado hasta los ocho millones.

Sin embargo, los técnicos municipales suprimen del modificado y, por tanto, de la obra principal, todos los elementos relacionados con el mobiliario y equipamiento escénico, valorados en 2,3 millones de euros, para su posterior contratación y ejecución independiente.

El nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat establecía que la Administración autonómica se comprometía a financiar el sobrecoste de 3,6 millones, en anualidades hasta 2017. El documento establece que el pago de las cantidades acordadas queda subordinado a la existencia de crédito en cada presupuesto anual de la Generalitat.

Tampoco el Consell ha abonado hasta ahora ni un euro y el Consistorio se ha visto obligado a pedir un nuevo préstamo por esa cantidad (3,6 millones) y con intereses igualmente a su cargo.

Según el Grupo Municipal Socialista, a finales de 2011, la empresa constructora ha presentado al Ayuntamiento una nueva factura en concepto de “medición final” por 835.000 euros y recientemente otro recibo bajo el concepto de “revisión de precios de certificación nº 16 del auditorio” por 641.000 euros. Los socialistas de este municipio mantienen que “el Ayuntamiento ha vulnerado la ley enmascarando el sobrecoste para no tener que licitar de nuevo (obligatorio cuando el sobrecoste rebasa el 20% del contrato adjudicado)”, precisa Juan García, portavoz del Grupo Municipal Socialista. García añade: “El Consistorio ha hecho dejación de funciones de manera flagrante al no exigir responsabilidades ni al arquitecto ni a la empresa constructora ni a los técnicos, que no supervisaron el proyecto antes de sacarlo a licitación. Pero curiosamente, son los mismos técnicos que sí informaron favorablemente al proyecto de modificado”, concluye.