Zona Franca de Cádiz pide la imputación del exdelegado del Estado Miguel Osuna

La Abogacía del Estado, que representa a la Zona Franca de Cádiz, en la causa penal abierta por el escándalo de la empresa Quality Food, la supuesta estafa cometida a las arcas públicas a través de esta compañía alimenticia, cree que el ex delegado del Estado Miguel Osuna, del PP, debe ser incluido en la querella presentada hace siete años como imputado y no como testigo, como hasta ahora ha ejercido. Los letrados ven indicios de “malversación” en su actuación como máximo responsable de la Zona Franca cuando este órgano compró la mayoría de acciones de esta sociedad, vendida entonces por el PP como ejemplo emprendedor.

Fue precisamente en la etapa de Osuna, durante la última legislatura de Aznar, cuando se puso la querella que abrió la instrucción que todavía sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Se investiga el quebranto de 30 millones de euros que supuso para las arcas de la Zona Franca el mantenimiento de esta empresa y los supuestos engaños que pudo cometer el propietario de esta compañía, Manuel García Gallardo.

Hasta ahora los únicos imputados eran el empresario y personas de su familia y su entorno económico. Pero la Abogacía del Estado cree que Osuna también contribuyó a la malversación y debe ser juzgado.

Así lo recogen los letrados en un informe, al que ha dado ya el visto bueno el comité ejecutivo de la Zona Franca presidido por el actual delegado, Jorge Ramos, del PP. “Yo soy independiente y llegaremos hasta las últimas consecuencias para exigir responsabilidades y cerrar esta página judicial”, ha explicado para justificar esta ampliación de la querella que salpica a uno de los suyos. La alcaldesa de Cádiz y presidenta del pleno del Consorcio fiscal, Teófila Martínez, eludió pronunciarse con el argumento de que desconocía el contenido del informe, pese a que dos de sus concejales más próximos están en ese comité ejecutivo.

La ampliación de la querella puede prolongar en el tiempo la instrucción de este caso. La resolución de la causa penal, además de determinar penas, debe resolver qué ocurre con los 13 millones de euros que García Gallardo reclama a la Zona Franca. El empresario presentó una demanda por la vía mercantil que se resolvió con una sentencia del Tribunal Supremo en su favor, en virtud de la cual el organismo público debería entregarle esa cantidad por la compra de sus acciones. Pese a ser firme, la ejecución de la sentencia está suspendida hasta que se cierre el juicio por la vía penal.