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cortes valencianas

Directivos de la CAM falsearon la fecha de su prejubilación millonaria

El exdirector de firmas participadas justifica que hinchara las ganancias para la caja

Vicente Soriano se niega a responder a los diputados alegando que está imputado por el juez

Joaquín Meseguer, exdirector general de Participaciones Empresariales de la CAM, en las Cortes Valencianas.
Joaquín Meseguer, exdirector general de Participaciones Empresariales de la CAM, en las Cortes Valencianas.

Era algo evidente. La documentación conocida sobre la Caja Mediterráneo (CAM) ya lo apuntaba y la Audiencia Nacional tiene un procedimiento abierto sobre el asunto tras la denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero ninguno de sus protagonistas lo había reconocido con tanta claridad en la comisión de las Cortes Valencianas, que investiga el naufragio de la caja alicantina, como lo hizo ayer el exdirector de empresas participadas de la entidad, Joaquín Meseguer. “Efectivamente, se firmó antedatado”, reconoció de un documento relativo al acceso a la “prestación adicional asegurada” que seis directivos —entre ellos, el exdirector general Roberto López Abad— pactaron en marzo de 2011 pero al que pusieron fecha de noviembre de 2010 para que se integrara en las medidas del expediente de regulación de empleo (ERE) que la entidad había puesto en marcha. La maniobra hizo que pudieran prejubilarse a los 56 años acogiéndose a un mecanismo aprobado por el consejo de la caja en 2007 y destinado inicialmente para las jubilaciones a los 65 años. Entre los seis cobraron 15,5 millones de euros.

Meseguer alegó que para él la firma de aquel documento supuso una pérdida de derechos. Dado que la diputada Mireia Mollà, de Compromís, había citado la cantidad que se le asignó, 1,6 millones de euros, el exdirectivo exclamó: “No me gustó nada”. Se refería a que le sorprendió cobrar “de golpe” una cifra que correspondía a su sueldo anual de nueve años. Por eso pidió que le pagaran en anualidades.

El exdirector de participadas elogió reiteradamente la profesionalidad de los equipos de la CAM y confesó que había supuesto para él “una sorpresa” la intervención de la caja, cuyos motivos encontró fuera de la gestión, bien en el contexto de crisis, bien en que algunos no devolvieron créditos “porque no les interesó”, bien en “la pelea enconada por copar el poder” registrada en 2007, que no aclaró si se refería a la batalla entre zaplanistas y campistas, dentro del PP, o a que también “el Partido Socialista estaba allí”.

Cuando el diputado socialista Ángel Luna le acusó de hacer que las empresas participadas arrojaran en 2010 “dividendos superiores a sus beneficios” para maquillar el balance de la CAM, Meseguer dijo que le “pidieron” beneficios de esas sociedades y que “eso no es ilegal, en absoluto”, ya que si los propietarios quieren las empresas pueden “pedir financiación para dar dividendos”. Luna le respondió que “era un engaño”. La dirección de la CAM hizo unas cuentas que dieron 244 millones de beneficio en 2010. Meses después, una vez intervenida por el FROB, la caja arrojó pérdidas de 1.145 millones ese ejercicio.

Tras la de Meseguer, estaba prevista la comparecencia de Vicente Soriano, exdirector de Recursos de la CAM. Soriano declinó responder porque está imputado. “En uso del derecho que me otorga la ley no podré contestarles”, dijo. Es ya el cuarto que se niega a responder, después de Roberto López Abad, Daniel Gil y Teófilo Sogorb.

Por la tarde, el exdirector general adjunto de la CAM, Agustín Llorca, retomó la clave victimista de otros directivos y dijo que el Banco de España dio a la caja alicantina “un tratamiento como mínimo diferenciado” de otras entidades. Llorca se preguntó si la CAM era “un muñeco de feria al que todos tenían derecho a pegar puñetazos” y recordó, como había hecho Meseguer, las declaraciones del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordónez, en las que aseguró que la CAM era “lo peor de lo peor”.

Por otra parte, el presidente de la comisión, Rafael Maluenda, dio a conocer un escrito en el que José Antonio Iturriaga y Tomás González, administradores del FROB, rechazan remitir los informes periciales que dieron lugar a las denuncias judiciales porque se refieren a cuestiones que se investigan en la Audiencia Nacional. Los diputados acordaron reiterar la petición porque lo que se solicita no son diligencias del sumario sino documentos aportados a él.