¿Responsables?

Todas las empresas del IBEX 35, incluidas los bancos, publican un informe anual Responsabilidad Social (RSE) en el que dan cuenta de las acciones que emprenden de manera voluntaria para contribuir a un desarrollo más sostenible del país en el que estas ejercen su actividad; aunque, en realidad, una mayoría de ellas se limiten más bien a informar de ello de manera indirecta, dificultando mucho la valoración de tales avances.

Lo que hay detrás de la estrategia de RSE propiciada por diversos organismos internacionales, y muy particularmente, por la Unión Europea, no es otra cosa que persuadir a las grandes empresas para que incorporen en el seno de su estrategia un compromiso real y efectivo con todas las partes interesadas en su actividad: accionistas, trabajadores, consumidores, clientes y proveedores, medio ambiente y poderes públicos; y no solo con la primera de ellas.

Según la doctrina elaborada por la Comisión Europea (CE), de acuerdo con el Comité Económico y Social Europeo (CEES), una empresa socialmente responsable es aquella que contribuye al empleo cuando tiene beneficios, se preocupa de la formación y la empleabilidad de sus trabajadores, persigue un alto grado de equidad salarial y de género, invierte en innovación y en tecnologías sostenibles, entabla lazos de lealtad y consideración con sus clientes, y exige a sus proveedores pulcritud en el cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales en materia laboral y medioambiental. Lo que quiere decir que la identificación que se produce a menudo entre términos como ética o filantropía, y RSE, no solo es totalmente equivocada, sino que desvirtúa, desde la raíz, el concepto mismo de responsabilidad.

"Si las empresas solo deben perseguir el beneficio económico, las dificultades de encarar los riesgos futuros serán mucho mayores"

Pero quizá uno de los aspectos de la RSE que más ha subrayado la CE en estos últimos años ha sido la necesidad de cooperación de las grandes empresas con el sector público para la consecución de los objetivos de interés general definidos por los sucesivos gobiernos democráticos, únicos legitimados para ello. En un mundo tan globalizado, competitivo y complejo, los estados nacionales se encuentran cada vez más incapacitados por sí solos para lograr un alto nivel de empleo y un crecimiento compatible con la necesaria cohesión social. Si las empresas solo deben perseguir el beneficio económico y rendir cuentas ante sus accionistas (cuando las cosas van bien, claro está), las dificultades de encarar los riesgos futuros para la sociedad en su conjunto serán sin duda mucho mayores.

Naturalmente, todavía hay empresarios, y muchos economistas, que esbozan una media sonrisa cuando se habla de este asunto, por considerar se trata de una estúpida ingenuidad condenada al fracaso, pero si los bancos españoles que elaboran tan vistosas y exhaustivas memorias de RSE, se comportaran de manera realmente responsable en estos tiempos de crisis, no solo hubieran debido exigir austeridad a sus directivos, sino ser también los primeros interesados en evitar esa vergüenza moral para la Humanidad que son los desahucios de sus propios clientes, cuyo único pecado fue el de confiar alguna vez en ellos. Y no haría falta esperar a que cambie la ley. Bastaría con que cambiaran su irresponsable comportamiento.