Una propietaria acusa a Kutxabank de incumplir la legislación sobre desahucios

Lorena Benítez, de 34 años, lucha por evitar ser desalojada de su vivienda en Rentería el próximo 10 de noviembre, donde reside junto a su hija de 14 años y su pareja. Su caso podría sumarse a las 1.232 ejecuciones de desahucios que se han realizado en Euskadi en el último trimestre, casi 14 cada día. Con el semblante desencajado, la mujer se presentó ayer, apoyada por Stop Desahucios Gipuzkoa, a las puertas de la sede central de Kutxabank en San Sebastián. Allí presentó un escrito en el que acusa a la entidad de incumplir el Código de Buenas Prácticas bancarias sobre desahucios y el decreto que en este mismo sentido aprobó el Gobierno en marzo. “Me siento mal. No sé que va ser de mí y de mi hija”, confesaba Lorena, quien se encuentra en paro desde hace un año y medio. No cobra los 426 euros al mes de subsidio desde el primer día porque el banco se los sustrae de la cuenta para hacer frente al impago de la hipoteca de su piso, de protección oficial.

Stop Desahucios denuncia que la mujer cumple con los requisitos fijados en el Real Decreto que el Ejecutivo aprobó hace siete meses para atenuar los problemas de los desahucios. Dicho decreto ley incluye medidas como negociar la quita de intereses, la restructuración de la deuda, la dación en pago o el alquiler social de la vivienda desahuciada. En el caso de Lorena, la tasación de su vivienda, que es de VPO, no supera los 120.000 euros para una población con menos de 100.000 habitantes como es el caso de Rentería y todos los integrantes de la vivienda están en paro. Según el texto de De Guindos, por ejemplo, la vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000. Además, incorpora el Código de Buenas Prácticas, que las entidades pueden asumir de manera voluntaria, aunque una vez suscrito su aplicación será obligatoria dos años. Hasta el momento lo han suscrito unos 90 bancos y cajas, entre ellos Kutxabank y las tres entidades en ella fusionadas (BBK, Kutxa y Vital).

“Sabíamos que los requisitos demandados para poder beneficiarse de este decreto en el País Vasco podría ser difícil y lo denunciamos pero lo que no imaginábamos era que, habiendo un caso que sí podía sumarse al decreto, Kutxabank iba a incumplirlo”, denuncia en un escrito Stop Desahucios. Al parecer, según la asociación, la entidad financiera vasca omitió la información de la posibilidad de acogerse a estas medidas a Lorena y está llevando la ejecución hipotecaria hasta las últimas consecuencias. Lorena se dirigía a los medios de comunicación minutos antes de entregar el escrito que fue aceptado por Kutxabank: “Llevo dos años tratando de cambiar las condiciones del préstamo hipotecario, no me han dejado, y estos nueve últimos meses han sido inútiles porque ni me han informado de este nuevo decreto ni me han dejado hacer gestiones para salvar mi casa”.

Representantes de Stop Desahucios exigen compromisos a los bancos, en este caso a Kutxabank, ante una situación “inhumana”, y los partidos políticos que controlan las tres cajas fusionadas para que den un giro total a la política “antisocial” practicada. “La vivienda no es una mercancía, es un derecho recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución. Pedimos la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social con un control institucional de las centenares de viviendas vacías que los bancos acumulan por desahucios”, reclama la asociación.

[El obispo de Bilbao, Mario Iceta, reclamó ayer en una entrevista en Onda Vasca soluciones prácticas para evitar la situación “sangrante” de los desahucios. El prelado añadió que es un “asunto de mayor importancia” lograr que, en una situación de desempleo, “no se pierda el hogar”].