El abogado de Tauroni solicita la libertad de su cliente
El exresponsable de la Fundación Hemisferio está en la cárcel de Picassent desde el pasado mes de febrero
El abogado de Augusto César Tauroni, José Vicente Gómez, ha pedido la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de febrero por su imputación en la causa del escándalo de Cooperación que investiga el supuesto desvío de al menos seis millones de euros en subvenciones públicas.
El que fuera responsable de la Fundación Hemisferio es hasta ahora el único imputado en prisión, de forma cautelar, por el caso que investiga el presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Consejería de Solidaridad. Así, ha tenido que ser trasladado en furgón policial desde la cárcel de Picassent hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comundiad Valenciana, donde ha llegado a las 9.55 horas de la mañana mientras que su comparecencia estaba prevista hasta a las 10.30 horas y se ha prolongado durante una media hora.
Ahora la magistrada tendrá que decidir sobre si deja en libertad o no a Tauroni. Su abogado defensor, que no ha querido hacer declaraciones sobre el tema, se ha limitado a mostrar su confianza en la decisión que tome la jueza. "Yo siempre tengo fe en la justicia", ha aseverado.
La causa cuenta ahora con 28 imputados --de los que siete son funcionarios o excargos en la administración valenciana--. Entre ellos se encuentra el exsíndic del PP en las Cortes Valencianas y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Asimismo, figuran imputados el exdirector general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.
Además, en la investigación están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones fue, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".
Los proyectos sobre los que supuestamente se desvió parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.
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