Los recortes mantienen sin atención jurídica a miles de presos desde abril

Los más de 16.000 presos que cumplen condena en cárceles andaluzas siguen sin asistencia jurídica seis meses después de que la Junta la suspendiese temporalmente. La Consejería de Justicia e Interior, que financia desde 2001 el servicio de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (Soajp), decidió dejar de sufragarlo porque el Ministerio del Interior no había renovado el convenio a tres bandas (entre el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la Junta y el Gobierno central) que sustentaba su funcionamiento. El consejero Emilio Llera se comprometió antes del verano a buscar una fórmula para que el servicio se pudiera seguir prestando sin la necesidad de este convenio, pero la Consejería de Justicia sostiene ahora que esta alternativa no es posible.

La renovación del convenio tripartito se da por imposible porque ha encallado en el Ministerio de Hacienda, que revisa todos los convenios de cualquier Administración que supongan un gasto para garantizar que no se pone en peligro el cumplimiento del déficit. Por eso Llera, tras reunirse con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ( APDHA), se comprometió a volver a sufragar la asistencia a presos si Interior autorizaba el servicio sin necesidad de firmar un convenio tripartito.

APDHA y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados buscaron este visto bueno de Interior y el Ministerio contestó que los convenios bilaterales firmados con los colegios de abogados entre 2001 y 2002 siguen vigentes. “Interior da el visto bueno y no habría obstáculo para que se prestara el servicio”, afirma Valentín Aguilar, coordinador del área de cárceles de APDHA. Aguilar asegura además que en la mayoría de cárceles españolas hay Soajp y ninguno de estos servicios se basa en un acuerdo a tres bandas, sino solo entre Interior y los colegios de abogados. Así funcionó también el de las prisiones andaluzas hasta 2008, cuando el Gobierno central y la Junta firmaron el primer convenio tripartito. APDHA sostiene que ese acuerdo se rubricó por interés político en un momento en el que el PSOE gobernaba en las dos Administraciones. “Ahora que el Gobierno y la Junta son de distinto color, la asistencia jurídica a los presos está sirviendo para, de forma irresponsable, jugar con los derechos de las personas privadas de libertad, lanzándose unos a otros la responsabilidad”, denuncia el coordinador de prisiones de APDHA.

En 2011 se prestaron 10.404 asistencias a presos y la Junta se gastó 422.800 euros en este servicio. Para este año, el Gobierno andaluz presupuestó 397.600 euros. La Consejería de Justicia argumentó en junio que el servicio se había suspendido ante la falta de respaldo legal para prestarlo en 2012. Pero lo cierto es que es que el Soajp se prestó también sin convenio durante todo el año 2011 porque la Junta no envió hasta noviembre al Gobierno central la adenda necesaria para renovarlo.