El fiscal del ‘caso Camas’ acusa a los cuatro imputados de “comprar a una edil”

El fiscal acusó ayer a los cuatro imputados por el caso Camas de intentar comprar una concejal del municipio sevillano ofreciéndole 12.000 euros en un sobre, ayer en la primera sesión del juicio con jurado celebrada en la Audiencia de Sevilla. Los cuatro procesados le ofrecieron supuestamente el dinero a cambio de votar favorablemente en ciertos puntos de un Pleno municipal celebrado en 2005. El ministerio público, que rechazó ayer que el supuesto soborno fuera “un delito provocado”, exige para cada procesado un año y medio de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros.

Los cuatro imputados están acusados de cohecho: el exalcalde de Camas Agustín Pavón (IU), el exconcejal del PP Antonio Fraile, el exedil del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño. “No se puede tomar una decisión política habiendo recibido dinero o recompensa”, aunque la decisión sea considerada “justa”, proclamó el fiscal. “Eso, aunque sea justo, no se puede hacer (...) Tomar alguna decisión política o administrativa mediando dinero se convierte en injusto”, puntualizó. Este defendió la credibilidad de los testimonios de los exediles Carmen Lobo y Francisco Gordo, aunque estén enfrentados, realizaran grabaciones y se hayan cruzado denuncias judiciales. “Aunque los testigos estén enfrentados con los acusados, no tienen por qué inventarse nada”, defendió.

El PSOE ejerce la acusación particular y ayer su abogado defendió la causa: “Se va a hablar de trampas, pero no se trata de una acusación caprichosa basada en hechos inventados”. Mientras, el letrado de Pavón cuestionó la validez de las grabaciones —prueba clave, al igual que en el recientemente juzgado caso Mercasevilla—. A continuación, matizó que los dos principales testigos de cargo han sido condenados por estafa procesal. “Si intentan mentir de nuevo, puede ser que salgan condenados de este asunto”, dijo. “Las acusaciones se caen por su propio peso y las grabaciones están manipuladas”, concluyó.

Por su parte, la abogada del empresario Gaviño aseguró que los dos testigos “tendieron una trampa para provocar determinadas situaciones confusas por venganza, odio o resentimiento”. Para las defensas, el juicio responde al “juicio sucio” del PSOE, formación en la oposición municipal en 2005.