El referéndum que necesitamos

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, defendió el pasado jueves que el Estado no pague los 120.000 millones de deuda contraída, en su opinión, “ilegítimamente” para rescatar a los bancos. Una deuda que, como aseguró, estrangula la solvencia de las Administraciones y afecta a los servicios públicos y a los derechos de los ciudadanos. La propuesta se ha concretado en una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, en la cual se explica que el Estado español no puede hacer frente a los pagos que adeuda “sin crear un escenario de inseguridad jurídica para sus empleados, los pensionistas o los actuales cotizantes de la Seguridad Social. También para trabajadores y empresarios”. Y en consecuencia se propone “negar el pago de esa deuda hasta que se delimiten las responsabilidades, que en muchos casos serán judiciales, de quienes han arruinado las cajas o quienes desde la Administración han ordenado obras públicas o gastos sin ningún fundamento económico razonable”.

El argumento de la coalición según el cual “el pago obligatorio de la deuda impide que nuestra economía entre de nuevo en una trayectoria de crecimiento” es evidente, pero a pesar de lo acertado del diagnóstico y la claridad de la propuesta de Morera, lo que no está tan claro es la efectividad de la enmienda a la totalidad presentada por el único diputado en el Congreso con que cuenta la coalición Compromís-Equo. Es obvio que será aplastada por la mayoría absoluta del PP y que solo va a tener un valor testimonial, aunque, eso sí, servirá para ver cómo se posicionan el resto de partidos.

En cualquier caso, el plante de Compromís merece un recorrido político que vaya más allá de la estrecha vía parlamentaria, para que la iniciativa se abra al debate público y se convierta en un elemento de movilización ciudadana. Ese recorrido podría darlo la convocatoria de un referéndum sobre el tema. De forma que Compromís y sus socios de Equo tienen la oportunidad de hacer una oferta al resto de fuerzas opositoras y sindicatos para sumarse a la iniciativa y organizar una recogida de firmas que permita la celebración de dicho referéndum. Y, aunque tuviera pocos apoyos orgánicos, a buen seguro que serían muchos los ciudadanos independientes dispuestos a colaborar como voluntarios en una intensa y movilizadora campaña pro referéndum.

Susan George, la presidenta honoraria de ATTAC, que ha estado estos días entre nosotros invitada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, ha anunciado que su próximo libro, El Informe Lugano 2, llevará como subtítulo “Cómo ganar la guerra de clases”, en alusión a una frase de Warren Buffet (la cuarta fortuna del mundo en 2012), según la cual “hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos la que está haciendo la guerra y la estamos ganando”. La activista ha invitado a los españoles a unirse frente a las altas finanzas representadas en Davos. Un referéndum contra el pago de la deuda bancaria contribuiría a esa unidad. Porque ese sí sería el referéndum que el país necesita, un referéndum que afirme la soberanía de los ciudadanos y la independencia de la política frente a la banca y los poderes financieros.

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