Las cámaras ciudadanas vuelven a la calle en el Rodea el Congreso del #23O

Es uno de los vídeos más vistos de la convocatoria a rodear el Congreso que el 25 de septiembre congregó a miles en personas en los alrededores del Parlamento. En él se ve cómo los antidisturbios irrumpen en Atocha aterrorizando a los viajeros. Aunque la policía dijo que los agentes iban buscando a “alborotadores”, las críticas que estas y otras imágenes provocaron acabaron llevando al Gobierno a abrir una investigación sobre lo sucedido.

El autor del vídeo es Juan Ramón Robles, un estudiante de periodismo madrileño de 25 años que vive con sus padres. Al final de la filmación —que solo en su canal personal ya ha sido reproducido 1.200.000 veces— se le oye gritar indignado cuando un agente arranca el micrófono de su cámara. Después de muchos meses usando una vieja LX1 acababa de pagar “con el sudor de la frente” 1.200 euros por una Canon. La agresión le dolió en el alma.

“Yo, más que activista, me siento un informador”, dice Robles, que aún anda llamando a algunos de los múltiples medios que usaron el vídeo para cobrar por su emisión, aunque se guarda cuánto ha obtenido. “Entre que me he tenido que dar de alta como autónomo y lo que me han costado los arreglos, voy a perder dinero”, dice el madrileño, que ha vuelto a unir el micrófono mediante un arreglo casero: un tornillo. “En realidad odio la política, pero parece que estoy predestinado a este tipo de información. No me gusta que se falte a la verdad”, reflexiona el fotógrafo, que en cuanto oye ajetreo en una concentración sale disparado en el sentido del que procede el jaleo.

Como él, cientos de personas se han sumado con entusiasmo al llamado periodismo ciudadano. Los aquí entrevistados han asistido a decenas de manifestaciones, desahucios o encierros para grabar o fotografiar lo que sucede. Muchos de ellos están en paro y disponen de más tiempo del que querrían para hacerlo. Como Stéphane M. Grueso (39 años), conocido rostro del 15-M y socio de una productora víctima de la crisis. “Mi trabajo, coproducir documentales para la tele, ha desaparecido, por eso tengo tanto tiempo, así que ayudo haciendo lo que mejor sé hacer”, dice Grueso, también conocido por su alias en Twitter, @fanetin, activo streamer o retransmisor de eventos en directo en Madrid.

En paro está también William Criollo, ecuatoriano de 25 años. Vive con sus padres y a veces Diario independiente le compra alguna foto. Aun así, asiste cada día a desahucios y manifestaciones con su Nikon. Este año había barajado estudiar Periodismo, pero la subida de tasas le ha hecho desistir. Como otros periodistas ciudadanos ha sido detenido. La primera vez en París, junto a un centenar de indignados. La segunda, en Madrid, sospechoso de ser parte del grupo que coordinó el sabotaje en el metro en protesta por el tarifazo. Criollo sostiene que le tomaron por un activista mientras fotografiaba una protesta del grupo.

Algunos de los entrevistado en este reportaje se consideran activistas; otros periodistas y otros, ni pa ti ni pa mí. “Yo soy una activista de los derechos humanos que usa distintas herramientas para generar conciencia”, dice Susana Sanz, de 37 años, licenciada en Empresariales, miembro del colectivo People witness. Sanz es otra conversa del streaming. “Es una forma de democratizar la información, de empoderar a la ciudadanía. Y es un arma muy potente que magnifica la información. Hay veces que hay más personas viendo una manifestación en directo que manifestándose”, dice esta burgalesa, que opina que los grandes medios “están en manos de corporaciones que no transmiten la realidad de forma fiel”.

El reciente anuncio del Gobierno del PP de su intención de prohibir la toma de imágenes de policías mientras ejercen su trabajo, ha indignado a estos activistas de una forma muy directa. “Yo saldré a la calle igual. Y si hace falta, con una cámara en el casco”, dice Robles. “Me parece tan fuerte, que no creo que se llegue a hacer, lo dicen para asustarnos”, sostiene Zakiah Iraultza (24 años), de Tomalatele, la televisión de los indignados, desde la que emiten informativos, debates y reportajes desde su punto de vista. “La ley española recoge que un agente público en un espacio público y en un acto público puede ser grabado”, defiende Sanz. “Es una estrategia de represión, nos tratan como a niños, pero ya hemos demostrado que no estamos jugando y sabemos lo que hacemos”.

La artista Nikky Schiller (del grupo Dirty Princess) y su pareja, el estadounidense de origen ruso Vlad Teichberg, vivieron el 15-M desde el grupo de comunicación que se creó al poco de empezar las protestas, Audiovisol. Cuando el movimiento Occupy empezó a tomar forma, viajaron a Estados Unidos “para enseñarles a hacer streaming”, cuenta Teichberg, un convencido de esta forma de activismo. “Nos da una ventaja económica brutal sobre los medios, que no pueden seguir nuestro ritmo y tener a sus profesionales horas y horas en la calle”, sostiene este activo miembro del grupo internacional Global Revolution.

El 25-S, Audiovisol hizo su propia cobertura de la manifestación con una veintena de personas coordinadas por el italiano Paolo P. “Mientras unos emitían con su móvil, les dábamos instrucciones: ‘Necesitamos un plano elevado. ¡Que alguien se vaya a Atocha!”. Hoy, volverán a poner en práctica su periodismo ciudadano para cubrir la protesta que llama a empapelar el Congreso. “Todos aportamos”, sostiene el italiano. “La clave es trabajar juntos”.