Un desahucio a modo de emboscada

“Se autoriza a la Comisión Judicial para que proceda a realizar la diligencia de entrega de posesión sin previa notificación del señalamiento del día del lanzamiento a la parte demandada”. La “posesión” a la que hace referencia esta frase perteneciente a una diligencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de Córdoba es la casa donde hasta ayer vivía el matrimonio formado por Lourdes Castro, de 35 años, y su marido, José Manuel Mengíbar, de 39, junto a sus hijos, de 8 y 11 años. Castro y Mengíbar son “la parte demandada” citada en el escrito y “el lanzamiento” no es otra cosa que el desahucio.

La familia, en la que hay que incluir el bebé que esperan para mayo, se quedó ayer por la mañana en la calle por el impago parcial de un préstamo que avalaron con la casa. Como precisa el escrito, el desalojo se ejecutó por sorpresa, sin aviso alguno. La magistrada consiguió así evitar que se repitiera una movilización social como la que el pasado 18 de julio impidió la primera orden de desahucio. Entonces, medio centenar de personas rodeó la casa —llegando algunos a encadenarse— y evitaron el desalojo de la familia. Ayer, apenas había cinco testigos, incapaces de evitar lo que estaba pasando.

Los funcionarios

El desahucio se produjo a las 10.05. Lourdes acababa de dejar a sus hijos en el colegio. Su marido estaba en un curso de formación. Al regresar a su domicilio, se encontró con los funcionarios judiciales esperándola en la puerta, junto a varios policías. “Me dijeron que cogiera lo imprescindible, solo unas cosas, que no llamase a nadie y que saliese de casa”, explica en la puerta del que ha sido su hogar. A sus pies, siete bolsas de plástico con algo de comida y de ropa, un cajón con arena para gato y dos comederos dentro. Nada más. Lourdes no podía seguir hablando. Solo daba vueltas por la calle sin fijar la vista y con los ojos rojos.

Acto final. Tiene que firmar la documentación del desalojo. Los funcionarios se excusaban diciendo que ellos solo hacían su trabajo. Con los papeles sellados, se marcharon. La pareja se quedó a unos metros del portal. Un miembro de la plataforma Stop Desahucios atendió a Lourdes. Le explicó que la juez le daba un mes de plazo para que sacara el resto de muebles y pertenencias de dentro. Tendrá que hacerlo con vigilancia oficial, ya que un cerrajero había cambiado la cerradura.

La vivienda a la que han llamado casa los últimos siete años ya no es suya. Y todo porque no pueden hacer frente a los pagos de un préstamo de 72.000 euros avalados con el inmueble. La pareja cuenta que el Banco Santander les otorgó esa cantidad en 2005 para que pudieran reformarla íntegramente. Tras pagar unos 12.000 euros, ambos se quedaron en paro. Después, sufrieron la subasta y ahora el desahucio. La plataforma Stop Desahucios afirma que la empresa que compró la casa está domiciliada en Luxemburgo. “La negociación con ellos fue imposible. Les pedimos un alquiler social pero nos dijeron que solo nos lo darían si adelantábamos entre 4.000 y 5.000 euros. Pero dónde íbamos a sacar ese dinero”, se preguntaba José Manuel.

“Vivimos con los 426 euros que nos da el Estado. Solo los cobra mi mujer que trabajó de cajera en una gran superficie de quedarse parada”, añadió. “Yo he hecho de todo: he trabajado de peón albañil, de camarero, de repartidor, de reponedor. Pero hace años que no tengo empleo”. ¿Dónde van a ir?: “No lo sé. El cuerpo me pide volver a mi casa”, dijo señalando la pequeña fachada de donde le acaban de echar.