La Cámara de Cuentas destapa un agujero de 318 millones en Alcalá de Henares

“Facturas sin contabilizar que desvirtúan las cuentas de la Corporación, dando lugar a resultados que no son reales, y ocasionando graves perjuicios a los acreedores”. Este es tan solo uno de los 39 puntos de las conclusiones del anteproyecto del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el año 2010 por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en el que se pone de manifiesto un agujero negro municipal de 318 millones de euros.

En 2010 el alcalde de Alcalá era Bartolomé González, ahora diputado del PP en la Asamblea, que dimitió el pasado verano, dando paso al también popular Javier Bello. La abstención de UPyD permitió que Bartolomé González repitiera como alcalde pese a no lograr mayoría absoluta. En julio pasado la formación dirigida por Rosa Díez dio su apoyo a Javier Bello (PP) tras firmar con los populares un acuerdo con 25 puntos de obligado cumplimiento. De los 25, un total de 20 no se han cumplido, según el portavoz de UPyD en Alcalá, Anselmo Avendaño. UPyD ha dado un mes de plazo al PP para que se cumpla lo pactado, de lo contrario no descartan apoyar una hipotética moción de censura.

El informe de la Cámara está dividido en cuatro apartados. En el primero de ellos, relativo a la organización y control interno municipal, se denuncian malas prácticas en el Ayuntamiento: “La tramitación de gran parte de los gastos se ha realizado prescindiendo totalmente del procedimiento establecido”. Estos gastos se regularizan, indica el trabajo de la Cámara, en los años siguientes a través de reconocimiento extrajudicial de crédito: “Y esto hace que parte del crédito de cada ejercicio se emplee para regularizar situaciones precedentes. […]Además, puede suponer un perjuicio para el Ayuntamiento”.

Pero el documento de la Cámara ahonda en las supuestas irregularidades detectadas, alegando que la gestión de los ingresos tributarios se lleva a través de una aplicación informática específica que no está integrada con la contabilidad: “Lo que genera diferencias entre los saldos de unos y otros registros que es necesario regularizar”. Y el texto prosigue: “El procedimiento seguido para el reconocimiento de derechos por subvenciones no se ajusta a los principios contable públicos, generando desfases, duplicidades y desajustes”.

El anteproyecto, que está en fase de alegaciones, incluye en su apartado económico un análisis de las cuentas municipales que, según este trabajo, “no reflejan la imagen fiel de la situación económico-patrimonial”, al estar afectadas por numerosas deficiencias. Estas conclusiones aportan una serie de datos contables, que elevarían el agujero del Consistorio de Bartolomé González a más de 318 millones de euros. De esta cantidad resalta que los presupuestos incluyen ingresos que no tienen nada que ver con la realidad: “La mayor incidencia puesta de manifiesto en el informe es la falta de coincidencia entre los importes registrados en los módulos de recaudación y contabilidad, por lo que se recogen en balance deudores que no son exigibles, por importe de 25 millones de euros”. Pero todavía más grave podría ser la pérdida de ingresos por haber prescrito: “A fin de ejercicio figuran registrados deudores por importe de 43,9 millones de euros que tienen más de cuatro años de antigüedad, por lo que podrían haber incurrido en prescripción”, especifica el documento previo.

La Cámara de Cuentas madrileña también encuentra otros fallos en el presupuesto presentado para 2010. Si se restan las deudas aparecidas en el presupuesto y en la contabilidad patrimonial, el remanente de tesorería, es decir, el dinero del que dispondría el Consistorio, pasaría a tener un importe negativo de 50,3 millones de euros. Además, otros 44 millones de euros “están pendientes de registrarse”. La Cámara de Cuentas destaca también que los saldos de acreedores tienen un importe extra de 59 millones de euros.

[…]El anteproyecto del informe de fiscalización incluye otros dos datos que elevan la cifra total del agujero a los 318 millones de euros, que son la falta de 8,7 millones que servirían para pagar las sentencias contrarias al Ayuntamiento, y la deuda financiera, que es de 88,3 millones.

En el apartado de personal, el acuerdo de funcionarios y personal laboral incorpora, según el documento, retribuciones no contempladas en la ley de presupuestos de 2010. Precisamente, una de las recomendaciones de la Cámara apunta a la revisión de la necesidad de técnicos municipales para evitar contrataciones continuadas de arquitectos y abogados para realizar funciones propias del personal municipal. También, el anteproyecto del informe de fiscalización indica que el Consistorio “debe procurar que se ocupen los puestos de trabajo de personal funcionario cuando haya una previsión para ello, y creando ex novo los puestos de trabajo cuando no existan. Además, deben identificarse y describirse las funciones concretas que se asignan a cada dependencia, de manera que se conozca el alcance de las mismas, y determinar las tareas concretas que debe desempeñar el personal adscrito a las mismas”.