Benestar acelera en campaña cientos de casos de Dependencia

Mientras Marta —nombre ficticio— espera a que el bienestar de su hija quepa en los presupuestos de la austeridad, la lleva consigo incluso al trabajo. La pequeña no puede quedarse sola porque sufre problemas psicomotrices y de visión que ningún médico ha sabido diagnosticar. En 2010 la madre solicitó una ayuda de Dependencia que le permitiese dedicarse a la niña todo el día o dejarla al cuidado de un profesional cualificado. Una y otra vez, en la Xunta le dijeron que las ayudas estaban “paradas” porque son tiempos de sacrificios. Lo eran, por lo menos, hasta esta semana. El martes, un técnico de la Consellería de Benestar la llamó para ofrecerle los servicios una trabajadora de Ayuda a Domicilio que le ayudase a “asear a la niña y limpiar la casa”. Marta cuenta que le entró la risa cuando le dijeron que “encima tendría que pagar algo”. Entonces mejoraron la oferta y le aseguraron que la asistencia sería gratuita. La rechazó porque no es la que necesita, pero no le ofrecieron otra.

Esta semana, el servicio de correo no da abasto en las delegaciones territoriales de la Consellería de Benestar. Desde allí vuelan cartas certificadas que notifican a los usuarios la “resolución de su Plan Individualizado de Atención (PIA)”. También por teléfono, se les insta a que acudan a sus consistorios para que se hagan efectivas las prestaciones. Sin embargo, al otro lado de los mostradores, los empleados de servicios sociales ojean atónitos las misivas.

Mientras los afectados reclaman las horas de atención que les corresponden, los trabajadores desconocen el repentino incremento. Lo habitual es que sean ellos los que reciban la notificación de que se amplía el servicio y se encarguen de comunicárselo a los dependientes más graves en lista de espera. Ahora, son los usuarios los que les informan, y también los que se enfadan si no reciben lo prometido. “Ahora creen que es culpa nuestra si no les podemos dar ya el servicio”, dice una asistenta social.

En un rincón del sistema operativo que regula el servicio en Silleda, 730 horas se convirtieron en 1.891 sin que nadie lo anunciase. También tardaron en darse cuenta en Carballeda de Avia, en Piñor, en A Golada o en Becerreá. Otros municipios, la mayoría del PP, sí recibieron misivas que subrayaban el esfuerzo económico que la consellería decidió acometer en el “último trimestre” del año y daban cuenta del aumento en horas que les correspondería.

Manuel Seoane, alcalde popular de A Peroxa, no quiere establecer relaciones entre la proximidad de las elecciones y la febril actividad de la última semana. “Simplemente ha habido un reparto entre ayuntamientos que teníamos falta de horas y otros a las que les sobraban”, explica. Pero los más suspicaces miran al calendario y fruncen el ceño. No solo porque hacía alrededor de un año que no se les ampliaban horas para atender dependientes, sino porque en muchos casos se enteraron “por casualidad”.

Sin embargo, ni los cientos de misivas ni las horas de atención sembradas a puñados durante la última semana curan un servicio agónico. Desde 2011, los municipios no pueden contratar más personal del que ya tenían, y resulta imposible distribuir el excedente horario entre las plantillas. Además, los entresijos del lenguaje burocrático otorgan a las cartas visos de papel mojado. Las notificaciones no garantizan la efectiva prestación del servicio, sino que suman a los usuarios a una lista de espera de la que solo saldrán cuando haya personal, horas y fondos suficientes. Y los ayuntamientos, ajenos al proceso de redención de Benestar, tampoco saben cuándo ni en qué medida se financiará la asistencia. Como única garantía puede leerse el compromiso de una Consellería que, en materia de plazos, hace de la puntualidad excepción. Dice que si en tres meses no cumple con lo anunciado, el usuario puede solicitar una libranza —la Administración costearía el servicio ofrecido por una empresa privada—. Sin embargo, los plazos trimestrales se incumplen continuamente en otros procesos como la solicitud de expedientes o la resolución del PIA sin consecuencias para la Xunta. Además, las libranzas escasean tanto que apenas se consideran una opción.

Con el ejercicio de 2012 ya cerrado y a escasos días de que el Ejecutivo gallego ponga a prueba el dogma de la austeridad en los comicios, toda molestia es poca. De otro modo, en muchos ayuntamientos no se explican por qué se priorizó avisar a los usuarios antes que a quienes deben gestionar sus servicios. También se preguntan de qué bolsillo sale tanta generosidad a estas alturas, y como nadie les responde claro, solo pueden hacer conjeturas. “Se trata solo de un engaño masivo”, afirma un regidor ourensano.

La central sindical CIG explicó que la semana pasada la conselleira, Beatriz Mato, se reunió con jefes provinciales y coordinadores de Dependencia para pedir que se hiciesen llegar 1.500 notificaciones a sus beneficiarios “antes del día 20”, jornada de reflexión. Ellos obedecieron.