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Aprobado el informe definitivo de la Cámara de Cuentas sobre los ERE

El documento cuenta con votos particulares de las tres consejeras del PP en "determinados puntos"

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López. Ampliar foto
El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López.

Tras varias semanas de retraso, por fin la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó ayer el informe definitivo de fiscalización sobre el fondo de los ERE. El documento contó con diversas modificaciones entre sus dos primeras versiones (la del avance y la denominada provisional). Ayer la aprobación contó con los votos particulares de las consejeras nombradas a propuesta del Partido Popular Amelia Martínez, Sandra Garrido y María José Camilleri. Ahora estas disponen de cinco días para elaborar sus quejas a la versión definitiva, que censura (en mayor o menor medida) la actuación de la Consejería de Empleo respecto al fondo para empresas en crisis entre 2001 y 2010.

El documento resulta clave para la comisión de investigación del Parlamento, que extraerá sus conclusiones a partir de la semana que viene, cuando los miembros de los tres grupos (PP, PSOE e IU) lo reciban. Pero no solo para los diputados. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado 6 de Instrucción que le exija a la Cámara de Cuentas la entrega de las tres versiones del informe y las directrices técnicas elaboradas para su cumplimiento. Es decir, el fiscal quiere comprobar todas las irregularidades que han detectado los auditores de la Cámara, a pesar de que al menos 26 de los párrafos de la versión inicial fueron suprimidos tras el verano en la segunda versión.

El Pleno del órgano fiscalizador aprobó modificaciones sobre 26 de los 312 párrafos del informe, entre ellos algunos relativos al convenio marco de 2001 que generó el fondo y al papel jugado por la Consejería de Economía y el Consejo de Gobierno respecto al fondo. Anticorrupción ha reclamado asimismo las alegaciones y los informes aportados por la Junta en forma de reparos respecto al informe provisional.

El plazo de presentación de alegaciones terminó el pasado 19 de septiembre, un tiempo reservado a diferentes entidades relacionadas con el informe, como la Consejería de Empleo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Agencia IDEA, la Intervención General o incluso empresas de seguros que se ven afectadas por parte del informe. A todas estas instituciones se les había remitido el informe provisional para que efectuaran sus consideraciones, tras lo que el equipo de fiscalización ha analizado esas alegaciones, con vistas a incluirlas o no en el documento que se votó ayer y que constituye el informe definitivo sobre los ERE.