Último intento de exculpación

Ángel Márquez, magistrado presidente en el juicio del caso Mercasevilla,abortó ayer el intento de las defensas de tres de los cuatro acusados para eliminar del veredicto su supuesta participación en la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros. Los abogados del exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, la funcionaria Regla Pereira y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas concluyeron que no hay pruebas contra sus defendidos, pero el magistrado rechazó el último intento de exculpación en la recta final del juicio: “Hay elementos probatorios suficientes para que lo valore el jurado”.

Mientras, la acusación particular del PP solicitó al magistrado que deduzca testimonio de oficio contra los funcionarios que intervinieron en la subvención de 900.000 euros concedida a la Fundación Mercasevilla para una escuela de hostelería. El letrado incluye en su petición al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que declaró como testigo en el juicio la semana pasada, además de dos ex directores generales de Formación.

En el turno de los informes finales antes de la conclusión del juicio, ayer la acusación del PP resumió el caso, que “desde un principio estaba perfectamente organizado” para conceder la subvención y exigir “una dádiva, una recompensa”, opinó el abogado del Partido Popular. “El delito de cohecho es un fin o una consecuencia de unos hechos anteriores”, añadió el letrado.

“Las pruebas de cargo contra Mellet y Ponce son abrumadoras y más que suficientes”, aseguró el abogado. La acusación destacó que las pruebas son legales y quiso subrayar el papel activo que jugaron tanto Rivas como Pereira para que la concesión de la subvención llegara a buen puerto, así como que ambos estaban supuestamente al tanto de la petición de la comisión ilegal a los dos empresarios de la Raza.

Mientras, el abogado de Ponce, Simón Fernández, centró su argumentación en las dudas suscitadas a lo largo de la vista oral, con el testimonio del inspector que dirigió la investigación como piedra angular. Fernández subrayó que la acusación de cohecho no es aplicable a este caso, y que el policía consideró que “le cuadraba más” el delito de estafa, que no hubiera conllevado un juicio con jurado. “Ustedes no son justicieros, deben ser justos”, pidió el letrado a los miembros del jurado.

Por su parte, el letrado de Pereira, Carlos Galán, señaló que el empresario Pedro Sánchez Cuerda nunca consideró que su defendida estuviera al corriente de la petición de una comisión ilegal que supuestamente habían puesto en marcha sus antiguos jefes.