Albiol destituye a un concejal y a un cargo por extorsionar a un comerciante

Antonio Cortés solía pasear con aires de suficiencia por la calle de Chile, eje comercial del multiétnico barrio de Sant Roc, en Badalona. Pese a su nula formación, el alcalde, Xavier García Albiol (PP), lo nombró coordinador del distrito en un guiño hacia la comunidad gitana, históricamente asentada en la periferia de la ciudad. En sus paseos por las calles de Sant Roc lo acompañaba a menudo el concejal de distrito y responsable de Servicios Sociales y Salud en el Consistorio, David Gómez. Juntos velaban por que la nueva política de Albiol —“tolerancia cero” con los incumplimientos de la normativa por los comercios— se cumpliera a rajatabla. Ese asedio, que se ha reflejado en multitud de inspecciones y sanciones, ha soliviantado a los empresarios extranjeros, que se sienten víctimas de un “trato discriminatorio”.

En este marco ha emergido un presunto caso de corrupción que Albiol trata de contener. El alcalde se vio obligado a prescindir ayer de los servicios de su concejal de Salud y de su hombre de confianza en un barrio difícil. Un empresario marroquí les ha acusado ante un juez de extorsión. Según el testimonio de H. Z., Cortés le exigió 6.000 euros a cambio de solucionar sus problemas con dos locales que regentaba en la calle de Chile: un bar y un restaurante. El bar sufrió una inspección, una multa de 5.000 euros y dos cierres, el último en junio.

La oferta de Cortés era fácil de captar: si se sometía al chantaje y aceptaba pagar, él intercedería en su favor para arreglar los expedientes. Si se negaba, no solo su bar seguiría cerrado, sino que haría lo posible por cerrarle también el restaurante. Según la denuncia, H. Z. se negó a pagar.

La denuncia aún no ha sido admitida a trámite, pero incluye conversaciones entre Cortés y el empresario grabadas por este último. En esas llamadas, el coordinador dice actuar siguiendo instrucciones del concejal: “David dice que si en 20 minutos no tiene su dinero te envía a las furgonas”; “acabo de hablar con David, que estamos aquí en la placita, ¿cuánto tardarías en darnos los otros 3.000 euros?”, dice en dos de las charlas que ayer avanzó El Periódico de Catalunya.

La “placita” es la plaza de Camarón de la Isla, donde antaño se habían producido choques entre gitanos rumanos y autóctonos y en la que, desde el verano, Albiol ha instalado una pequeña comisaría en un módulo prefabricado.

Según la denuncia, Cortés se presentó en el local del empresario en varias ocasiones para “concretar y ultimar detalles del pago” acompañado por Gómez, que “quedaba prudentemente a la espera, en la puerta, sin llegar a entrar”. En una ocasión, incluso, la esposa de Cortés llamó a H. Z. para “presionarle”: su marido estaba muy enfadado porque no había hecho efectivo el pago y estaba recibiendo, asimismo, presiones de su jefe, el concejal Gómez.

El escándalo llevó a Albiol a tomar dos decisiones rápidas: decretar el cese fulminante de Cortés y apartar, “temporalmente”, a Gómez de sus tarejas ejecutivas. “Naturalmente, si el juez ve indicios de delito, el Ayuntamiento se presentará como acusación popular contra esta persona, que hoy ya no forma parte de la estructura municipal”, anunció en rueda de prensa en alusión a Cortés, del que dijo sentirse decepcionado. Sacrificado el coordinador, Albiol fue más cauto con su concejal. Si los hechos se demuestran ciertos, dijo, habrá tenido “una evidente falta de control” sobre Cortés, del que era responsable.

En un esfuerzo por evitar que el caso escape de su control, el edil se esforzó en subrayar que los expedientes sobre el cierre de ese y otros locales son “impecables”. Y se comprometió a facilitar la información a los grupos de la oposición, que se preguntaron, por su parte, si el caso de H. Z. es solo la punta del iceberg de una corrupción generalizada en la zona. Esa sensación cundía ayer en el barrio, donde se denuncia en voz alta el trato “discriminatorio” de Albiol con los comercios extranjeros. “Si nadie más denuncia es porque tienen miedo”, explicó el empleado de un local kebab.

La oposición sospecha que hay más víctimas ocultas de la corrupción

Ese mismo miedo es el que siente H. Z., que la noche del lunes denunció ante los Mossos que había recibido llamadas amenazantes de un miembro destacado del colectivo gitano en Sant Roc.

La policía le ha proporcionado una vigilancia discreta, según su abogado, Rafael Mendoza. El letrado coincide en que quizá no se trate de un caso aislado —“mi cliente no es un elegido”— y subrayó la presunta implicación del concejal en el caso. “Los locales se cerraban por cuestiones de salud, y Gómez es el concejal de esa área. Además, los expedientes recibían el visto bueno del concejal de distrito, y él también ocupaba ese cargo”, señala el letrado.

La denuncia recoge, asimismo, que Cortés ofreció a H. Z., la posibilidad de adjudicarle un “piso social” a cambio de 6.000 euros. En una de las grabaciones, que en algunos casos no son muy claras, el excoordinador le llega a dar la dirección de uno de los pisos.