Las entidades locales menores exigen al PP que renuncie a su supresión

“No es suficiente y llega con retraso, pero nunca es tarde”. Es la reacción del secretario general de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (Faem), Miguel Gregorio Martínez, a la proposición no de ley que aprobó el pasado jueves el Parlamento andaluz, con los votos de PSOE e IU y la abstención del PP, contra la supresión de las entidades locales autónomas promovida por el Gobierno central. En Andalucía, más de 100.000 personas viven en 48 núcleos de población de estas características y en los 12 pendientes de segregación. Con la resolución de la Cámara andaluza acuden el miércoles a una reunión con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

El Gobierno aprobó el 13 de julio el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Municipal con motivo de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. En esta propuesta se prevé “la disolución de las entidades locales menores existentes, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan”. Entonces reclamaron sus representantes una respuesta contundente, que ha tardado en llegar.

Los responsables de las entidades locales mantuvieron una reunión el pasado martes con el exalcalde de Córdoba Rafael Merino y el diputado almeriense Juan José Matarí, ambos representantes del grupo municipalista del PP en el Congreso. Gregorio Martínez concluye tras esa reunión que el PP admite la posibilidad de retirada de la propuesta, pero que el Gobierno, también del PP, aún mantiene su posición.

El diputado socialista Francisco Javier Aragón defendió el jueves en la Cámara andaluza los argumentos de las ELA: sus alcaldes hacen una buena gestión, en la mayoría de los casos con sueldos bajos o sin ellos y propician la participación ciudadana al ser elegidos en listas abiertas. Estos pueblos prestan servicios fundamentales, aportan riqueza e impuestos y su nivel de endeudamiento es mínimo porque no lo precisan o porque tienen que contar con autorización previa para pedir dinero. Finalmente, son entidades claves para mantener la población rural y el medio ambiente.

El anteproyecto de ley general que las suprime, añade Aragón, atenta contra la autonomía local prevista en la normativa andaluza, que otorga al municipio la capacidad de crear o suprimir estas entidades.

Según los datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, agregan los representantes de la Faem, son las Diputaciones y los municipios de más de 100.000 quienes suponen los mayores costes y generan más deuda. “Con el gasto de los más de 50 directores de estructura de un ayuntamiento como el de Sevilla se pagaría todo el capítulo I [personal] de las 48 ELA”, añade la federación andaluza.

El diputado de IU Juan Serrano añadió que la supresión de estas entidades “supondría graves perjuicios para los pueblos y sus vecinos sin ningún ahorro económico”. “Esto solo es una operación cosmética. Este proyecto lo hacen desde el desconocimiento del mundo rural y supone un éxodo desde los pueblos y un ataque a la agricultura y ganadería”, dijo. IU, según Gregorio Martínez, defendió que, al contrario de lo que propone el PP, habría que potenciar las ELA y darle mayor autonomía política y financiera. IU ratificó su intención de promover un recurso de inconstitucionalidad de la Junta si sigue adelante el proyecto de los populares.

La medida divide a los populares, que mantienen posiciones contradictorias. En las reuniones de diputados con los representantes de los municipios, como la del pasado 9 de octubre, afirman que esta propuesta “está en franca retirada”. Sin embargo, el pasado jueves en el Parlamento andaluz, cuando tuvieron la oportunidad de hacer pública su posición, se abstuvieron. La diputada del PP Carolina González consideró “oportunista” la proposición de los partidos de izquierda contra medidas que “todavía no se han producido y que se tomarán si hay un consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias”.