Una legislatura sin frutos culturales

La legislatura que ahora termina ha resultado demasiado corta para dar frutos en política cultural. El Gobierno no ha logrado que ni un solo proyecto de ley llegue al pleno del Parlamento vasco, ni que avance sustancialmente en el proyecto estrella del Departamento de Cultura: consensuar con el resto de las instituciones y los agentes de la cultura en el Consejo Vasco de la Cultura el plan estratégico denominado Contrato Ciudadano por las Culturas. Con Blanca Urgell al frente del departamento, el balance del cierre del mandato ofrece la puesta en marcha del portal de información cultural en Internet Kulturclick, el bono cultural para estimular el consumo y la puesta en marcha de las fábricas de creación, un paraguas para cobijar a los innovadores en los campos del arte y el diseño.

El Consejo Vasco de la Cultura, un órgano en el que junto a las instituciones se sientan representantes de los distintos ámbitos culturales designados por el Gobierno, ha sido otro escenario para la disputa política entre el Gobierno y la Diputación de Bizkaia. Entre retrasos en la convocatoria de reuniones y falta de consenso la legislatura se ha acabado sin apenas avanzar en el plan estratégico que debía sustituir al Plan Vasco de la Cultura del Ejecutivo de Ibarretxe y dejando en fase de borrador el proyecto de ley de Acceso a la Cultura, un proyecto crucial para el Departamento que no estuvo contemplado en el calendario legislativo del Ejecutivo.

El departamento de Urgell no ha cerrado la ley de Acceso a la Cultura

Cuatro años parecen un plazo insuficiente para sacar adelante la legislación que afecta a las múltiples caras del mundo de la cultura, sea cual sea el color del Gobierno y las mayorías parlamentarias. La primera legislatura de Miren Azkarate como consejera de Cultura en el Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe acabó con poco más que la aprobación del Plan Vasco de la Cultura, en el tramo final del mandato. Reelegido lehendakari, Ibarretxe volvió a depositar su confianza en la consejera Miren Azkarate. Cultura logró aprobar en esa segunda legislatura la Ley de Museos y la de Bibliotecas. El programa socialista vuelve a retomar el proyecto de Ley de Acceso a la Cultura, con el objetivo de convertirse en el instrumento de coordinación de la oferta cultural de cada nivel administrativo.

El cambio de Gobierno de 2009 comenzó con el foco de la atención política puesta sobre el Museo Guggenheim Bilbao. La continuidad de su director, el modelo de gestión, la renovación del acuerdo con la casa madre de Nueva York y su ampliación en la reserva de Urdaibai han pasado por el Parlamento, alimentaron agrios enfrentamientos entre el Gobierno y el PNV y ahondaron la brecha entre del Ejecutivo de Vitoria y la Diputación de Bizkaia. Las posturas no se han acercado pero el conflicto ha ido bajando de intensidad hasta quedar aparcado tal y como estaba a la llegada de Patxi López a Ajuria Enea. Todo queda pendiente para el Gobierno que surja del 21-O.

El programa electoral del PNV propone la creación del Consejo Interinstitucional de políticas culturales de Euskadi, con la participación del Gobierno vasco, las Diputaciones forales, las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y Eudel, una función que hasta ahora se cumplía en Consejo Vasco de la Cultura. También el PSE-EE propone cambios: transformar el órgano vigente en el Consejo de la Cultura y de las Artes y ampliar sus responsabilidades en materia de subvenciones y premios.

El Guggenheim no ha sufrido cambios con el Gobierno socialista

El PP, en cambio, aboga por avanzar en las funciones del consejo. El programa de EH Bildu no presenta grandes cambios en los órganos consultivos en materia cultural: proponer mantener el consejo y renovarlo periódicamente.

El balance de la legislatura deja a disposición del nuevo Gobierno el informe elaborado por la ponencia parlamentaria sobre la trayectoria del Guggenheim de cara a la renovación del convenio, que vence a finales de 2014 tras 20 años de vigencia. El Parlamento recomendó que la renegociación del acuerdo se hiciera en términos de paridad, superando la posición de inferioridad de las instituciones vascas y el “régimen de franquicia” que se derivó del primer contrato. La ponencia no fue drástica en el conflicto de intereses de Juan Ignacio Vidarte por su doble papel en la estructura Guggenheim, director general del museo de Bilbao y responsable de Estrategia global de la Fundación Solomon R. Guggenheim, pero pidió que se estudiara la separación de los cargos.

El PNV, desde el primer momento contrario a la ponencia, creada por iniciativa del grupo socialista, ignora en el programa sus conclusiones. El PSE-EE y el PP defienden explícitamente que el dictamen aprobado en el Parlamento marque las pautas para la negociación del nuevo convenio.